Del mito a la realidad del profesional de la psicología en el ámbito judicial y forense

Las series documentales sobre asesinatos y crímenes, con mayor popularidad aún si están basadas en casos reales, se han convertido en un producto estrella de la pequeña pantalla. La audiencia viene desarrollando una enorme afición hacia los rompecabezas homicidas, en los que, a menudo, es clave para su resolución la participación de un psicólogo o psicóloga forense. Series como ‘Mentes Criminales’ han presentado a estos profesionales como observadores y analistas de la conducta del criminal, pero su labor en la sociedad va mucho más allá.

“El psicólogo forense no se engancha a una máquina para saber la credibilidad de un imputado ni nuestro día a día va a ser establecer perfiles criminales para resolver asesinatos”, ha señalado Josep Ramon Juárez, coordinador de la Unidad Integrada de Atención a la Infancia y Adolescencia Víctima de Abusos Sexuales (Barnahus). Con la  experiencia y el conocimiento de Juárez, que además es doctor en psicología y profesor de la Universidad de Girona, la UOC ha abordado la dimensión real de esta disciplina durante la jornada “Del mito a la realidad del profesional de la psicología en el ámbito judicial y forense”, enmarcada en la tercera edición de la Feria Virtual de Empleo de la UOC.

Formación y especialización

«Los diferentes campos jurídicos en los que actualmente intervienen estos profesionales obligan a mantener una formación constante», tal y como ha expuesto Rocio Pina, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, encargada de moderar y presentar el encuentro virtual. “La formación es indispensable porque desarrollamos temas que pueden parecer genéricos, pero que presentan una enorme responsabilidad jurídica, actuando en situaciones que son objeto de consideraciones legales”, ha añadido Josep Ramón Juárez.

Mediante la actualización del estudio y el aprendizaje, los psicólogos forenses adquieren una serie de competencias y habilidades que son indispensables en el ejercicio de su profesión. Según coinciden los expertos, se les exigen habilidades y capacidades cognitivas, saber evaluar aspectos funcionales de la conducta, poder determinar competencias intelectivas, motivaciones y ser capaces de describir aspectos de personalidad, de psicopatología y de trastornos de la personalidad. Precisamente, este último aspecto es de gran relevancia: “Saber identificar un trastorno, que se haya dado conjuntamente en el momento del delito, nos tiene que permitir entender que la justicia deberá tenerlo en cuenta en el caso de una posible reducción de la pena del imputado”.

En la pantalla los hemos visto entrevistando y analizando a los más perversos asesinos, e intentando descubrir qué se esconde en su mente. Sin embargo, el trabajo conjunto con policías que trabajan en estas líneas de investigación no es el más habitual. “El profiling criminal no es una de las ramas más desarrolladas o conocidas, pero sí es cierto que los cuerpos de policías del Estado tienen unidades en las que participan psicólogos. No lo hacen principalmente para desarrollar esos perfiles que vemos en las películas, sino para realizar una labor minuciosa dentro de equipos amplios, donde se puede ir afinando en las pesquisas e investigaciones”.

Múltiples campos de trabajo dentro de la psicología jurídica y forense

Aparcando el mundo de la ficción, el ámbito de trabajo de la psicología jurídica presenta múltiples campos. Estos profesionales están en la Administración de justicia, donde trabajan en áreas como los juzgados de vigilancia penitenciaria. El psicólogo que desarrolla su labor en esta esfera requiere un alto nivel de especialización. Valora y considera las opciones de las personas que están privadas de libertad y que pueden optar a un permiso penitenciario. “Nos permite tener una conexión directa con aspectos de evaluación de imputados o condenados muy considerable. Quizás no sea una de las más conocidas, pero da lugar a una serie de dimensiones muy interesantes como la capacidad evaluativa o el trabajo en equipo”.

“En el ámbito penitenciario es muy importante la inclusión de los psicólogos para poder desarrollar programas específicos de resocialización y de intervención, de forma que la estancia, la reacción social y la pena pueda ser también aprovechada para intervenciones específicas que permitan esa resocialización”, ha añadido el coordinador de Barnahus.

Ámbito penal y de familia

Más conocidos en la Administración Pública son los trabajos realizados en el ámbito penal y de familia. En este sentido, Josep Ramón Juárez ha destacado la labor que llevan a cabo en el marco de la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, donde los psicólogos jurídicos y forenses, junto con trabajadores sociales y educadores, conforman un equipo técnico capaz de realizar un informe preceptivo para que los menores infractores puedan ser juzgados después de haber sido estudiados y analizados.

Persiguen garantizar que la medida educativa que reciben los menores infractores, en caso de ser considerados responsables, sea una medida perfectamente diseñada y acorde a sus características familiares, de personalidad, de desarrollo, etc.  “El análisis más individualizado tiene un sentido pleno para vehiculizar la respuesta penal, según las características individuales, entendiendo que la intención clarísima en el ámbito del menor es la reeducación, resocialización y, por tanto, esa respuesta dentro del ámbito de la justicia con una adecuación aún mayor que en el ámbito del adulto”.

Psicología jurídica y de menores

El menor es también protagonista cuando se trata de psicología jurídica en el ámbito de la familia. Precisamente, la psicología jurídica forense inició su gran desarrollo en España a partir de la Ley del Divorcio, impulsada en los años 80. Este hito social significó, además, la creación de un primer grupo de 19 psicólogos que orientaban a jueces en la toma de decisiones, en un ámbito tan delicado, con el fin de que la separación de los adultos tuviera el menor impacto en la vida de los hijos. En el ámbito familiar, y también en el penal, existen valoraciones que se realizan desde el ámbito público y el privado. “Se ha producido, con el paso del tiempo una transición de no creer más o menos al perito de un lado u otro, si no entender que es ese informe pericial de calidad el que puede aportar la mayor cantidad de información, que pueda ser utilizada para que un juez tome las decisiones finales”, ha explicado en este sentido el doctor en Psicología.

“En el ámbito de los adultos se hacen evaluaciones estrictamente psicológicas, muy fundamentadas en perfiles de personalidad, con material psicométrico validado, donde los test de personalidad, las escalas de impulsividad, etc, conllevan un amplio estudio. Lo que más se va a evaluar y solicitar es la imputabilidad. Esos perfiles de personalidad y esas evaluaciones siempre deben estar relacionadas con la conducta del sujeto evaluado y la situación que se está investigando o la situación que es objeto del juicio”.

La labor con las víctimas

Pero el papel de estos profesionales de la psicología jurídica y forense no solo se refiere a los imputados, también su labor se orienta a las víctimas, evaluando la credibilidad del testimonio. Cuando afirma que ha sido objeto de un delito, agresión, violación o situación de maltrato su testimonio puede convertirse en prueba de cargo. Las características de la misma tendrán que ver con el análisis psicológico de la credibilidad. De nuevo aquí, la ficción se ha encargado de distorsionar la realidad. “Realizamos un análisis pormenorizado de lo que es un relato, analizamos una serie de criterios psicológicos, que surgen de una investigación con una serie de evaluaciones y escalas cuyo resultado nos permite desarrollar este principio psicológico. Hablamos de entrevistas, escalas de valoraciones y,  a partir de aquí, la conclusión correspondiente”.

La Ley 8/2021 otorga especial importancia a lo que se denomina una prueba preconstituida en caso de menores de hasta 14 años. El fin es garantizar que se puedan practicar en el juicio los correspondientes actos de prueba. De este modo, el menor no tiene que volver a declarar en sede judicial. “Una vez más, el psicólogo forense es indispensable para asegurar que la prueba preconstituida se realiza de un modo correcto”. La actualización y modificación de la legislación, tanto en el ámbito del menor como en otros como violencia de género, obliga a los profesionales a mantener una evolución y formación constante.

Por último, Josep Ramon Juarez también ha destacado la función que ejecutan en la mediación.  “Permite ahondar en la resolución alternativa de los conflictos judiciales en los que un mediador, psicologo o psicologa, va a poder permitir que se haga una intervención dónde la responsabilidad de las acciones puedan dar lugar a una conciliación o reparación, que permita la resolución de conflictos satisfaciendo a las partes”, ha manifestado.

Quizás cada una de estas áreas no sean tan televisivas ni se asemejen a lo que el espectador ve desde su salón. Pero lo cierto es que la formación en diferentes esferas de trabajo como el maltrato o el abuso y diversas técnicas, que igualmente evolucionan, como la entrevista, los conocimientos de la memoria, etc, exigen un elevado nivel de especialización. Conforman retos intelectuales para seguir abordando la enorme labor social que realizan como auxiliares del derecho y la ley.

Puedes recuperar el vídeo de la charla “Del mito a la realidad del profesional de la psicología en el ámbito judicial y forense” a continuación: