La Transición española hacia la democracia de los años setenta marcó el inicio de una nueva era para España, un país que dejó atrás un largo periodo de dictadura para abrazar los valores democráticos. Con la Constitución de 1978 se estableció un marco legal que sentó las bases de un Estado de derecho plural y democrático. A pesar de los importantes avances y el progreso logrados desde entonces, la democracia española, como cualquier otra democracia consolidada, se encuentra ante una serie de retos que ponen a prueba su fortaleza y capacidad de respuesta frente a las demandas de la ciudadanía.

Este es el contexto en el que, el profesor de ciencia política en la UAB, Marc Guinjoan, inicia sus explicaciones sobre la situación actual del sistema democrático español afirmando que «España es una democracia avanzada y moderna, pero eso no quiere decir que no tenga problemas de funcionamiento». Por otra parte, Ivan Serrano, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, destaca que la democracia en España se ve afectada tanto por fenómenos globales como locales, como por ejemplo la «polarización afectiva». Este concepto, originado en Estados Unidos, describe una situación en la que cada vez «hay menos situaciones con puntos de encuentro entre los dos grandes bloques políticos», un fenómeno que se observa cada vez más en España. Los desafíos que afronta la democracia española son, pues, diversos y complejos y se dan en un contexto global e histórico particular que requiere una especial atención y soluciones adaptadas a su realidad específica.

Organización territorial

España se encuentra ante uno de los retos históricos más complejos en su modelo de organización territorial del poder. Este desafío tiene sus raíces en la cuestión de las minorías permanentes, las minorías lingüísticas del Estado, entre ellas los catalanes, vascos y gallegos. Según Marc Guinjoan, «el sistema político español no es verdaderamente federal y, por tanto, no garantiza la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones estatales (lo que se conoce como shared rule), ni tampoco respeta siempre la competencia de aquellas atribuciones que, de acuerdo con la misma Constitución, están reservadas a las comunidades autónomas de manera exclusiva (self-rule)». De hecho, el respeto a la separación de competencias, continúa Guinjoan, depende en buena medida del color político del Gobierno central de turno y de los acuerdos que se puedan alcanzar con las fuerzas regionalistas o nacionalistas de turno.

En este sentido, un paso adelante para abordar el problema de las minorías en España sería reconocer su realidad plurinacional y el derecho de las minorías permanentes a legislar sin la interferencia del Gobierno central y de las instituciones judiciales. Esto incluye reconocer la soberanía de sus entidades políticas y la posibilidad de que expresen sus preferencias políticas diferenciadas. Guinjoan afirma que, «en último término, esas entidades políticas deberían poder decidir su futuro político, incluida la voluntad de poder convertirse en nuevos Estados».

Sin embargo, esta no es una tarea en absoluto fácil. Tal como apunta Ivan Serrano, la cuestión territorial es uno de los grandes temas históricos españoles y «nunca se ha resuelto del todo». Respecto a la cuestión independentista, los acontecimientos de 2017 cerraron un ciclo político que, a pesar de todo, no acabó de resolver la cuestión territorial española en ningún sentido. Por otro lado, las discrepancias entre los dos grandes bloques políticos españoles se reproducen también en otras dimensiones como la económica o la social, por lo que estamos lejos de un punto de equilibrio en el modelo territorial español. 

Calidad democrática

La calidad democrática del sistema político e institucional español se encuentra en entredicho ante una serie de retos pendientes de resolver que afectan de manera directa a su funcionamiento.

Uno de los principales puntos que requieren especial atención es el sistema judicial español. Según Guinjoan, «en España, en las últimas décadas, el sistema judicial se ha ido politizando considerablemente y se ha percibido por una parte de la ciudadanía como un sistema de parte más que como el árbitro que se entiende que debería ser». De hecho, los datos del Foro Económico Mundial confirman esa percepción y sitúan a España en las posiciones más bajas entre los países democráticos occidentales en términos de independencia judicial (valor de 4,2; posición 58 de 137 países). Todo ello afecta negativamente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones, ya que el sistema judicial debería ser garantía de igualdad y justicia para todos, independientemente de su origen, identidad o inclinación política y no establecer «sospechosos habituales» que a menudo «son los independentistas, las minorías nacionales o los inmigrantes».

Además, la transparencia y el rendimiento de cuentas son otros dos aspectos clave que requieren atención inmediata. Así, Serrano afirma que «España tradicionalmente ha tenido problemas estructurales en cuestión de transparencia, rendimiento de cuentas y de todo lo que conocemos como corrupción». A pesar de los diversos intentos legislativos de abordar estos problemas, como la Ley de Contratación Pública o la Ley de Transparencia, los indicadores internacionales reflejan que la calidad democrática de España se ha erosionado con los años.

Polarización política

Hablar de polarización política es hablar de la existencia de una enorme distancia entre las instituciones y la ciudadanía, hecho que no solo caracteriza internamente al sistema político español, sino que también afecta al país a escala global.

Serrano pone de manifiesto cómo, a lo largo del tiempo, se ha producido un cambio en el discurso político, que ha virado hacia temáticas más polarizadas: «Hace unos años se empezó a hablar de la extrema derecha, después de populismo y, ahora, en los últimos tiempos, todos estos debates acerca de la democracia se producen en términos de polarización afectiva».

Esta dualidad extrema influye en cómo las personas perciben y se relacionan con aquellos que tienen opiniones políticas diferentes, a los que a menudo ven como enemigos u opuestos, en lugar de simplemente diferentes. Esto, según Serrano, se refleja en la pérdida de confianza en las instituciones y en el apoyo electoral a partidos que representan los extremos polarizados, un fenómeno que amenaza la cohesión social y la democracia misma.

Desigualdades sociales

La desigualdad social es una de las cuestiones que más preocupan en el actual contexto político y social español. Los desequilibrios en la distribución de la riqueza y las oportunidades afectan de manera directa a la calidad de vida de la ciudadanía y ponen en riesgo los cimientos mismos de la democracia.

Las diferencias económicas entre las diferentes regiones del país, así como en el acceso a la educación, la sanidad y otros servicios públicos esenciales, generan un escenario en el que la igualdad de oportunidades queda comprometida. Además, esas desigualdades se ven agravadas por otros factores como el género, el origen étnico o la situación migratoria, entre otros. Guinjoan destaca al respecto que el poder judicial español ha sido acusado «de no ser lo bastante independiente y de no garantizar que todas las personas, independientemente de su perfil o de su origen e identidad, puedan recibir un trato por igual».

El acceso a un trabajo digno y con condiciones laborales justas es otro de los grandes retos que deben abordarse para luchar contra la desigualdad social. El mercado laboral español está marcado por la temporalidad, la precariedad y la falta de oportunidades, situaciones que afectan especialmente a los jóvenes y las mujeres.

En este contexto es necesario implementar políticas públicas que fomenten la igualdad de oportunidades y garanticen el acceso universal a servicios públicos de calidad. Esto pasa, entre otras medidas, por una reforma del sistema educativo que garantice la equidad, una mejora de las condiciones laborales y la lucha contra todo tipo de discriminaciones.

Retos globales

En el marco de los retos globales que España debe afrontar, su posición en Europa y en el mundo es de vital importancia. Según el profesor Guinjoan, a pesar de que la presidencia del Consejo de la Unión Europea «es en gran parte simbólica», esta posición ofrece una oportunidad para ser más proactivo en el ámbito europeo. En este sentido, el Gobierno de PSOE y Podemos, con una clara orientación europeísta, puede tener un papel más activo. Un ejemplo de ello es la interacción del presidente Pedro Sánchez con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en representación no solo de España, sino también de la Unión Europea,  lo que demuestra que España debería tener «una voz más fuerte» en los asuntos europeos, especialmente en cuestiones como el conflicto israelí-palestino.

Por otro lado, el profesor Ivan Serrano destaca que España ha sido históricamente considerada «un país de segunda fila» dentro de la Unión Europea y recuerda que mantiene una permanente «lucha por subir de nivel». Aun así, con el actual Gobierno progresista del PSOE, España tiene la oportunidad de ganar peso en el contexto europeo, especialmente como representante de la corriente socialdemócrata, puesto que es uno de los pocos grandes países que posee un gobierno progresista, mientras que en Europa crece la tendencia a los «partidos conservadores o, incluso, populistas o de extrema derecha».

Respecto a la posición de España frente a los conflictos internacionales actuales, como el de Israel y Palestina, Serrano señala que España ha intentado jugar un papel de mediador y de punto de encuentro entre el mundo árabe y el mundo occidental, mientras Guinjoan recuerda que «la ciudadanía española tiene una posición bastante más propalestina que la de otros países de Europa» y, por tanto, el Gobierno debe actuar en consecuencia.

Así que, aunque España se encuentra en un cruce de retos globales y cambios tanto internos como externos, su acción y posicionamiento en estos asuntos será determinante para definir su futuro. ¿Cómo responderá España a los retos que presenta su posición en Europa y en los conflictos internacionales? ¿Cómo gestionará los retos internos, como la polarización política y las desigualdades sociales, en el contexto de un mundo cada vez más globalizado e interconectado? La respuesta a esas preguntas marcará el camino de la democracia española y su lugar en el mundo en los próximos años. En última instancia, es responsabilidad de toda la ciudadanía, así como de los dirigentes políticos, sociales y culturales, trabajar conjuntamente para afrontar los desafíos y construir una España más fuerte, próspera y, en definitiva, más democrática.