La vivienda popular, de la marginación a la ciudadanía

Nota introductoria. ¹

La vivienda es algo más que la vivienda. Es el
lugar de convivir, de reproducir la fuerza de trabajo y de
construcción de lazos afectivos. La vivienda es también una de las
condiciones para acceder de facto a la ciudadanía. La vivienda
urbana es algo más, o algo menos, que una vivienda. Algo más pues
la vivienda urbana formal, integrada en el tejido ciudadano, que vive
en un entorno con otras viviendas similares, con servicios básicos
propios de la ciudad, con comercios y espacios de usos colectivos,
con transportes, escuelas, servicios de salud, etc. El habitante una
persona igual, reconocida por los otros, visible, que forma parte de
una “comunidad”, del vecindario, del barrio, de la ciudad. Todos
tienen derecho a no avergonzarse de donde viven².
Para muchos habitantes la vivienda es algo menos que una vivienda. La
marginalidad territorial que es a su vez social genera una dinámica
excluyente: dificultades formativas, vivir en un medio humano que
comparte déficits de todo tipo;  falta de relaciones con gentes
distintas  que pueden proporcionar pistas, contactos, informaciones y
recomendaciones; sentirse excluído de los medios profesionales,
académicos, culturales. El habitante en estos casos no puede ejercer
de ciudadano, su status formal (si lo tiene) no puede ejercerlo.

I.¿El derecho humano a la vivienda es un
derecho?

En nuestra cultura actual se da por obvio que todo el mundo tiene un
derecho a la vivienda. Pero para muchos no lo es. Lo proclaman
declaraciones de Naciones Unidas,  Constituciones de países de
América y Europa,  Foros y Asambleas de autoridades locales y de
organizaciones sociales. Pero las leyes y las prácticas jurídicas y
las políticas públicas no consideran este derecho como ejercitable,
no se reglamentan, se mantiene intocable el código de derecho civil,
no se aplica ni se exige a jueces y a gobernantes aunque lo
consideren un derecho. Es lo que se denomina “derecho
programático”, para que sea real depende de las políticas
públicas y del mercado y solo tiene acceso a materializar este
derecho o si tienen una demanda solvente o forman parte de una
clientela política. En realidad es un privilegio, no un derecho.
Este teórico derecho queda anulado por la legislación y la
judicatura que protegen ante todo el derecho de la propiedad. El
suelo urbano es principalmente de propiedad privada, la promoción y
construcción de viviendas está en manos de las empresas privadas
(excepto programas sociales destinados a algunos sectores de muy
bajos ingresos) y el financiamiento a cargo de los bancos. El suelo
es objeto de especulación, las viviendas más o menos dignas son
mercancías en vez de bienes accesibles a todos, los sectores bajos y
medios deben endeudarse con los bancos y en períodos de crisis los
desahucios son masivos. Los gobiernos anuncian o intentan promover
políticas públicas que en el mejor de los casos se quedan a medio
camino. Cuando se actúa en las áreas centrales o cualificadas el
mercado genera la gentrificación y cuando se desarrollan
intervenciones públicas y masivas de vivienda social se crean zonas
de exclusión.

Las Cartas de derechos incluso cuando son
ratificadas por los Estados (empezando por la Carta de derechos
humanos de NN.UU. de1948) no tienen fuerza impositiva y lo mismo los
articulos de las Constituciones que proclaman el derecho a la
vivienda y la función social de la propiedad. Ciertamente sirven
para legitimar las demandas sociales. Es un argumento importante para
reivindicar el derecho y conseguir a veces que se promuevan los
cambios legislativos y se implementen las políticas públicas que
hagan más o menos facilitar el ejercicio de este derecho. Las Cartas
de Derechos dan la razón, no la fuerza para aplicarla. Pero hace más
difícil a los poderes políticos y económicos oponerse radicalmente
a derechos legitimados pero no legalizados del todo.³
Añadir “derecho humano” es un
calificativo que refuerza el derecho  pues conlleva una exigencia
moral, un valor reconocido en nuestra cultura desde las revoluciones
democráticas  del siglo XVIII (Francia y Estados Unidos) y en menor
grado, pero cada día más tenida en cuenta la Carta Magna  de
Inglaterra (1215), la tradición de los “commons” (los derechos y
bienes comunes) y la larga tradición de los movimientos asociativos
populares y la influencia de los “niveladores”. Creo pertinente
tener en cuenta estas dos líneas históricas de derechos. Las
revoluciones  del siglo XVIII fueron nacionales (el derecho de los
pueblos) y reconocieron los derechos individuales. La declaración de
derechos humanos de la Revolución francesa (1789) proclamó “la
libertad, la igualdad y la fraternidad”. Pero la Constitución
(1791)  concretó estos derechos en en “libertad, seguridad,
propiedad y resistencia a la opresión”. La Revolución americana
(1775-83) fue una insurrección promovida por los propietarios que se
sentían expoliados por el gobierno británico por medio de impuestos
(“no impuestos sin representación”). La Constitución (1787) fue
muy criticada ya en su momento por Thomas Paine por su carácter
extremadamente individualista. La posterior declaración de derechos
(Bill of Rights, 1789) a pesar de los intentos de promover los
derechos humanos por parte de Jefferson (“el derecho a la búsqueda
de la felicidad”) mantuvieron el individualismo. Como es bien
sabido la promoción de los derechos y de las políticas sociales en
Estados Unidos ha sido muy larga, más rezagada que en Europa (hasta
el “Welfare state” del periódo roosveltiano).⁴

Los derechos sociales colectivos  emergen
inicialmente en Inglaterra que se expresa en la Carta Magna y
principalmente en su complemento, la Carta del Bosque (1217) que en
los siglos siguientes se desarrollará mediante la Ley de pobres
(1601), la presión de los  “levellers” y las ampliaciones
progresivas de la citada ley. Se reconocen a colectivos sociales que
requieren una atención específica: desocupados o sin ingresos,
afectados por las crisis o catástrofes, ancianos y niños
desvalidos, los que ahora llamaríamos “sin techo”, etc. Se
establece que los “barones” (los propietarios) deben atender a
los pobres y los jueces les deben sancionar si no lo hacen.
Obviamente la vaguedad de estas normas fueron más o menos aplicadas,
se consideraban más bien obligaciones morales que jurídicas pero en
muchos casos se aplicaban y han tenido una influencia que  ha
perdurado hasta hoy. En el Reino Unido la cultura política reconoce
aún hoy la existencia de clases sociales (lo cual no significa que
se pretenda cuestionar la jerarquía social). La regresión social
que se produjo  con la revolución industrial (recuerden la obra
clásica de Engels “La condición de las clases trabajadoras en
Inglaterra) provocó una recuperación de las tradiciones asociativas
(“unions”), los valores de los “levellers” y las exigencias
de políticas sociales específicas. Su vigencia, o mejor dicho su
prestigio,  se demuestra en la gran exposición que ha producido la
British Library con ocasión del ochocientos aniversario de la Carta
Magna (1215-2015).⁵

En resumen ha habido desde las sociedades
precapitalistas hasta el siglo XX y en los países que hoy
consideramos desarrollados se han dado dos tipos de procesos
democráticos pero con un déficit de derechos para las clases
populares. En unos casos hubo países que progresaron en lo que se
refiere a las libertades civiles y políticas pero hasta épocas
recientes (a lo largo del siglo XX) no han reconocido algunos
derechos sociales básicos, pero no todos. En otros se reconocieron
derechos elementales de protección social para los sectores más
vulnerables y con muy bajos ingresos pero se resistieron más a
reconocerles como actores políticos⁶.
En ambos casos se demuestra que cuando hay un déficit político los
derechos humanos sociales son precarios y arbitrarios y viceversa,
cuando se reconocen los derechos políticos pero no se dan potentes
políticas sociales los sectores populares viven de facto excluidos
del escenario del poder. La desigualdad social genera alienación
política. Y no bastan los derechos humanos institucionalizados si no
hay cuotas de poder político. La democracia exige lo que denomina
Balibar “igulibertad” (igualdad  y libertad).⁷

No quisiera dar a entender que pretendo devaluar
los “derechos humanos sociales”, como tantas veces se
menosprecian los “derechos políticos formales”. Ambos son
necesarios. Y no solo ésto, los unos sin los otros los que
teóricamente existen son de facto inoperantes. El valor de los
derechos humanos se sitúan en el ámbito moral, se basan en valores
que van más allá de las ideologías políticas y de los intereses
económicos, la inmensa mayoría de la humanidad asume la legitimidad
del derecho al trabajo y al salario digno, a la sanidad y a la
educación, a la protección de los desvalidos y a la seguridad, a la
vivienda adecuada…Concretar estos derechos legitimadores es la
tarea necesaria en cada época y en cada país. Lo cual nos lleva por
la senda intelectual que discurre entre la vivienda y la ciudad,
entre los derechos humanos y las políticas públicas, entre la
exclusión y la ciudadanía.

II.Vivienda popular: entre el lugar y la
población.

Las clases populares en el pasado, y también
ahora en muchas ciudades, se construyen sus viviendas o las amplían
y las remodelan.La historia de la
vivienda popular es larga y no es la ocasión de exponerla ahora.
Pero si algunas referencias que nos ayuden a entender la
especificidad de nuestro momento histórico. La vivienda popular
urbana en parte ha nacido en los márgenes, o en los instersticios
del tejido urbano, o recuperando viviendas degradadas o incluso
ruinosas. En unos casos son los mismos ocupantes que producen su
vivienda, con familiares y amigos. En otros encuentran apoyos en
prfesionales próximos o pequeñas empresas de la zona. Se desarrolla
una memoria popular vinculada a hacerse la vivienda o su entorno
inmediato  genera un fuerte arraigo en el lugar. Se manifiesta la
aspiración a tener algo propio, se refuerza mejorando y adecuando la
vivienda a sus posibilidades pero también a sus necesidades y sus
gustos. Una vez la vivienda hecha, o al mismo tiempo, los habitantes
intervienen en el entorno, acceden por sus medios a los servicios
colectivos,  se crean lazos de convivencia y con el tiempo mejoran
viviendas y entornos y también lazos sentimentales, se crean
comunidades. Hay que tener en cuenta la  adhesión
al habitat que han creado, Han
construido una parte importante de nuestras ciudades.

La vivienda popular más o menos autoconstruída,
informal y precaria muchas veces, genera también inseguridad
y desconfianza. Tenencia precaria de la
tierra sin otro derecho formal que el “usucapio”, que a pesar de
ser una figura muy interesante procedente del Derecho romano,
actualmente los códigos de derecho civil priorizan la propiedad
formal por encima del derecho a la vivienda. Como ya sabemos que en
las economías de mercado el valor de cambio se impone al valor de
uso. Inseguridad también debido a amenazas físicas o sociales  a
causa del emplazamiento de la vivienda y de sus accesos:
inundaciones, movimientos de tierra,  agua no potable, contaminación
del aire, infecciones por la insalubridad del lugar, etc. También se
vive en un  entorno inseguro a causa de la violencia ambiental;  las
amenazas por parte de los propietarios, las administraciones
públicas, la policía, las mafias y las bandas; la distancia de los
equipamientos, transportes y lugares de trabajo etc. Las clases
populares en habitats precarios viven en la incertidumbre, con sus
miedos, y con escasa confianza en el Estado y en la ciudad formal. En
resumen la vivienda popular en el habitat donde arraigó da lugar a
una relación ambivalente con su
entorno.

La intervención pública en estos casos se mueve
entre dos ejes: la población y el lugar. Sería lógico que se
atendiera prioritariamente a la población
vinculada a “su lugar”. La ciudad se lo debe. Priorizar el valor
de uso supone dialogar con la población
y reconocer sus derechos ciudadanos. La Administración pública y
los promotores privados deben pactar con los habitantes del lugar
para precisar los cambios necesarios pero que respeten su memoria y
sus aspiraciones y que se genere así seguridad y confianza. No
siempre se pueden mantener las viviendas debido a su precariedad, o
la localización por los peligros que se ciernen sobre el lugar. Pero
la deslocalización no debe responder a una intervención en el lugar
para desplazar a la población que le ha dado valor  al lugar con su
trabajo  y que ahora se pretende facilitar un mayor valor
de cambio bien para sectores sociales
de mayor nivel de ingresos o para actividades económicas más
lucrativas. La deslocalización es siempre un coste para la población
arraigada, solamente se justifica con argumentos de más seguridad,
mas calidad de la vivienda y el entorno, más integración en la
ciudad y un alto consentimiento poblacional.

En estas operaciones el poder
político juega un rol determinante,
por acción y por omisión. Sin el apoyo político y legal los
agentes privados difícilmente pueden intervenir en suelos ocupados
por una población arraigada.En estos llamados  “Estados de
derecho” las fechorías de los poderes económicos procuran  actuar
apoyándose en un marco legal (corrupción incluida). En bastantes
casos el agente público, asociado con grupos privados, opta por la
coacción o la amenaza, o “comprando” a representantes o a un
grupo inicial de los pobladores  por expulsarles. La justificación
es realizar obras públicas a las que siguen las actuaciones
privadas. Siempre en nombre del “interés general”. Cuando la
población que resiste, o una parte de ella, vendrá el mercado,
potente y de acción gradual,  que tenderá a expulsar a los sectores
de más bajos ingresos a menos que no haya una potente acción
pública por ejemplo promoviendo nuevos conjuntos de vivienda social.
Pero no es lo más frecuente, la mixtura social no gusta al mercado
solvente ni es una prioridad para los gobernantes, más bien lo
contrario.

Lo que fueron zonas periféricas o slumizadas,
más o menos marginales, con el desarrollo urbano devienen  áreas
integradas (o integrables) al tejido urbano cualificado.
Se generan espacios de oportunidad para el mercado inmobiliario lo
cual conlleva la expulsión de la población, bien mediante una
expulsión forzada o pactada (mal pagada) o bien gradualmente
mediante intervenciones puntuales. Este tipo de actuación se da
especialmente en barrios antiguos degradados. Cuando la intervención
en el lugar estricto ocupado por una población compacta y difícil
de expulsar se crea algún “muro” que segregue la población
ocupante de la nueva urbanización. Por lo tanto la vivienda popular
no solo se inicia con la ocupación informal, la marginalidad
territorial y la escasa integración en la ciudad. Se dan s
situaciones que  no nacen en la marginalidad sino en el tejido urbano
degradado, caso de los centros
históricos o de los barrios populares tradicionales.
Se utiliza el poder político para favorecer negocios privados y
generar una desposesión social del territorio. Si como  escribió
Cortázar “un puente es una persona caminando por un puente”, el
territorio es una población arraigada en un territorio.⁸

La vivienda social promovida por las políticas
públicas o de promoción mixta público-privada
no ha estado preservada ni de la exclusión territorial durante las
primeras etapas de su desarrollo ni de la inseguridad cuando su mayor
integración urbana la hace apetecible para el mercado. A lo largo
del siglo XX hasta la actualidad se han desarrollado barrios
formales de viviendas modestas o “sociales”, por
iniciativa privada subvencionada o pública.
En muchos casos se les pueden aplicar
las mismas situaciones que las antes citadas: el valor de cambio
deslocaliza a la población hacia zonas menos cualificadas y casi
siempre más alejadas de la ciudad compacta y de los centros más
significantes. Estos casos pueden ser incluso más brutales. El
arraigo anterior es mucho mayor, el entorno ofrece más equipamientos
y servicios,  hay más accesibilidad y más diversidad de actividad
de ofertas de trabajo y de consumo. Se sienten más “ciudadanos”.
En   uno casos se les desplaza por razones más o menos (a veces muy
poco) justificadas en nombre del interés general: obras públicas,
zonas verdes, grandes equipamientos… y conjuntos de viviendas de
standing superior. En otros casos los procesos “gentrificadores”
avanzan gradualmente. No hay responsables concretos, es la acción
persistente del mercado y sus presiones (legales o no, como el
mobbing) el que selecciona a la población, la que se va y la que
llega.  Hay casos en los que el gobierno local desarrolla una acción
en principio bien intencionada: rehabilita viviendas; multiplica y
anima los espacios públicos y los equipamientos; mejora la servicios
públicos básicos (agua, limpieza, energía, sistema sanitario), los
transportes y la seguridad; incluso genera puntos de centralidad. Es
una política exitosa que tiene efectos no queridos. Se disparan los
precios del suelo y de la vivienda, también el consumo. Las clases
medias y el turismo van sustituyendo a la población popular
arraigada en este territorio. Hay que tener siempre en cuento los
efectos perversos de los  éxitos urbanos. Operaciones modelo con el
tiempo  benefician  a poblaciones de mayores ingresos y los sectores
populares son deslocalizados.⁹

La población en estos casos es un medio, no un
fin. Se hace retórica urbanística en
nombre y en favor de los ciudadanos. Pero casi siempre las dinámicas
económicas y territoriales se imponen a los intereses y las
aspiraciones de los sectores populares. La población deviene un
medio (sirve para generar un beneficio para otros) y no un fin
(mejora de la calidad de vida de la población afectada). Un medio
para deslocalizarles de su territorio y a cambio se les ofrece, y no
siempre, viviendas en los márgenes de la ciudad o en tierra de
nadie. No se consulta a estas población la localizacion y la
accesibilidad, la concepción de la vivienda, los equipamientos y los
programas sociales que requieren. Ls operaciones
de vivienda masiva destinada a sectores
populares y medio-bajos, a partir de los años 50 en Europa y en las
últimas décadas en América latina producen una exclusión social y
territorial que en muchos casos antes no tenían. Hay una especial
perversidad, consciente o no, en la mayoría de estas intervenciones.
Veánse los casos de México y Chile.

El proceso es el siguiente. Primero:
se localiza suelo barato, para reducir
costes y en muchos casos para revalorizar el suelo intermedio entre
la ciudad compacta y el conjunto de viviendas, alejadas del tejido
urbano formal. A las dificultades y costes económicos de
accesibilidad y de movilidad se le añade una segregación social y
psicológica, pierden visibilidad y se crean leyendas urbanas
discriminatorias e imágenes criminalizadas.

Segundo: la población no participa para nada en la concepción
de las viviendas y de su entorno. Los gestores públicos o privados
no negocian con la población sobre los servicios y equipamientos.
Los promotores y los constructores prescinden de la estética y del
espacio colectivo convivencial. Se utilizan materiales inadecuados,
feos o de mala calidad. El resultado es un mal  producto, que no
corresponde a las necesidades de la población y casi siempre con un
fuerte déficit de servicios básicos.

Tercero:  no se prevén la dinámica social y
demográfica y los cambios de actividades y comportamientos. La
rigidez de las construcciones y su ordenación física y jurídica
no permiten la adaptación progresiva de la población y de las
viviendas y su entorno. Lo cual conlleva a una degradación rápida
del conjunto y provoca que una parte de la población instalada lo
abandona.¹⁰
Se genera el círculo vicioso de la exclusión. Se quedan los más
vulnerables o excluídos y llegan los que están en situaciones
similares o en situación peor. Es el círculo vicioso de la
exclusión.

Cuarto: el financiamiento en muchas de estas operaciones a la
larga es un lastre y un factor de inseguridad de los habitantes. En
unos casos los subsidios que reciben los habitantes deben devolverse
mediante cuotas de sus ingresos. En otros casos los adquirientes de
la propiedad se endeudan con los bancos. La guillotina en forma de
desahucio dependerá de que se mantengan o aumenten los  ingresos de
los habitantes, lo cual teniendo en cuenta la precariedad del empleo
es un riesgo considerable.

Quinto: los
conjuntos de vivienda social devienen frecuentemente ghetos
aislados respecto a la ciudad compacta y cualificada. Se produce en
estos casos el círculo vicioso de la pobreza. Los que pueden, los
que mejoran sus ingresos o tienen lazos más sólidos con la ciudad,
abandonan la vivienda y se trasladan a un lugar considerado mejor. Y
las viviendas desocupadas las ocupan los de más bajos ingresos. El
resultado es que la exclusión territorial, social, económica,
cultural y políticas se acentúa y cada vez es casi imposible
generar movilidad social ascendente. La mixtura social es necesaria
para el progreso de las personas y de los colectivos pobres o de
bajos ingresos y bajo nivel cultural.¹¹
Pero, como criterio más general, la mixtura social es la garantía
de la vitalidad  urbana, de la diversidad de actividades y de
comportamientos, de las relaciones no programadas, etc.

En resumen: el fin de muchas políticas de
vivienda social no tienen como objetivo principal el bienestar de la
población y el derecho a la vivienda
sino el negocio privado y la complicidad de la política pública
cómplice y perversa (sean cuales sean las intenciones
propagandísticas iniciales)¹²

Es justo citar, aunque sea para dejar constancia,
otras fórmulas mas positivas. Como las
cooperativas a las que se pueden añadir
las operaciones de mejoramiento o rehabilitación de los conjuntos de
vivienda mediante la colaboración entre habitantes y
administraciones públicas y otras
formas de autogestión y de cogestión. Los sectores populares más
cohesionados y con una relativa solvencia así como sectores medios
han constituido cooperativas de vivienda. Se convierten en
promotores/gestores y  a veces autoconstructores. Los beneficios de
las empresas de promoción y de construcción así como los costes de
la burocracia en los casos de programas público-privados revierten
en la calidad de las viviendas y de los espacios públicos. Pero los
costes del suelo y del financiamiento, beneficios altamente
especulativos, debe asumirla la población. Engels,
en su serie de artículos sobre “ La cuestión de la vivienda”
consideraba este tipo de cooperativismo individualista como una forma
de autoexploración. Proponía la lucha social frente a la clase
capitalista y a los gobiernos  par que se produjeran viviendas de
alquiler para los trabajadores a un precio que representara una parte
muy minoritaria del ingreso familiar. Lo consideraba como un
complemento obligatorio del salario, o de la reproducción de la
fuerza de trabajo. Posteriormente hemos utilizado el concepto de
“salario indirecto” para referirnos a la vivienda, el transporte,
la educación, la asistencia sanitaria, la pensión, el ocio y la
cultura, etc.

Actualmente se han desarrollado políticas muy
diversificadas entre administraciones
públicas y poblaciones que viven en un
habitat marginal o degradado. Las administraciones aportan
financiamiento y organización, los pobladores trabajo y los
profesionales asesoría técnica. Los actores en presencia son las
organizaciones populares, el gobierno nacional (o estatal en países
federales) y el local y por último, los profesionales (por medio de
sus asociaciones y la Universidad). Programas como Favela barrio  en
Rio y otras ciudades brasileñas y en  Ciudad de México han sido
experiencias interesantes. En unos casos han priorizado la
intervención en las viviendas (DF México) y en otros (Rio de
Janeiro) sobre el entorno, accesibilidad, transporte, seguridad,
centro cívico con servicios básicos, etc. Han sido casos promovidos
por los gobiernos locales. La exposición organizada por la
Federación Iberoamericana de Urbanistas y Arquitectos sin fronteras
que ha circulado por diversas ciudades de América latina y España
muestra diversos ejemplos en los que el impulso provenía de los
pobladores. También organizaciones vinculadas a HIC han desarrollado
iniciativas similares.¹³
Los profesionales,  los que se han vinculado con la población, han
tenido un rol importante. Como ya expusimos estas operaciones en
zonas marginales  y precarias suponen una remodelación del conjunto
y en ocasiones una relocalización. Pero en ningún caso deben servir
para alejarles del tejido compacto y formal.

En el caso de territorios
urbanos formales y poblaciones cohesionadas
e integradas en la ciudad
la exigencia social es rehabilitar las viviendas y mejorar los
entornos  respetando el significado del territorio y el mantenimiento
de la población residente y de los lazos sociales. La gestión
social participativa de la promoción y administración de las
viviendas para los sectores populares o de ingresos bajos o
medio-bajos debe primar sobre la estatal-burocrática y sobre la
financiera-privada. Esta gestión debe basarse en la organización
colectiva de los habitantes.¹⁴
Más adelante esbozaremos este renacimiento que se ha denominado
actualmente  “la ciudad colaborativa”.

III. Vivienda popular  y derechos ciudadanos.

El derecho a la vivienda es una aspiración más
que una reivindicación. La ciudadanía ha internalizado la idea que
la vivienda es una necesidad pero no un derecho . A diferencia de la
sanidad y la educación que las políticas de “bienestar social”
legalizaron en los países europeos, principalmente después de la
segunda guerra mundial (1945) y en menor grado en América¹⁵.
La evolución del capitalismo urbano ha hecho de la vivienda y del
suelo una mercancía, uno de los productos que más  ha generado
acumulación de capital y más ha contribuido a convertir
aparentemente a los “proletarios en propietarios”. La
especulación urbana del suelo  y el mito de que vivienda y suelo son
bienes cuyo valor se considera que será siempre creciente. Es el
juego de la pirámide, cuando el valor monetario crece sin que ello
corresponda a un producto o servicio derivado del trabajo, la
pirámide acaba hundiéndose y la base, extensa y de ingresos medios
o bajos, pierden lo poco que habían acumulado. La
vivienda-mercancía, o valor de cambio, se ha impuesto a la vivienda
como derecho, como valor de uso accesible a todos. La crisis actual
debiera cuestionar entre la ciudadanía validez del boom
inmobiliario. Alguna autocrítica debieran hacer los expertos la
mayoría de los cuales han legitimado la burbuja inmobiliaria  y la
urbanización especulativa.¹⁶

Existe una cultura subyacente del derecho a la
vivienda: el proceso de la vivienda marginal a la vivienda ciudadana.
La cuestión se concreta en la tenencia
del suelo¹⁷
y en consecuencia de la vivienda. Y la segunda condición es la
localización en el ámbito urbano. El proceso histórico ha seguido
una secuencia lógica, aunque no justa. La afluencia de migrantes
(procedentes del campo, de otras regiones y más tarde de otros
países) al mercado de trabajo y de consumo que es la ciudad se
ocupan en los trabajos mal remunerados o en actividades informales.
Muchos no pueden acceder al mercado formal de la vivienda y se
instalan en barrios degradados y, sobretodo, en zonas periféricas y
viviendas autoconstruídas. Su status jurídico y urbano es precario,
como lo es su trabajo, son sobreexplotados en el mercado laboral y en
la ciudad, que no les remunera con el salario indirecto que les
corresponde (vivienda digna, servicios básicos, transportes, etc).
Pero esta población allegada construye ciudad, en su trabajo y
consolidando su habitat: mejoran su vivienda, hacen calles, consiguen
agua, etc. Arraigan en el territorio y valorizan su modesta casa, que
en algunos aspectos resulta adecuada y es querida. La ciudad formal
con el tiempo tiende a integrar lo que era no-ciudad o off ciudad. En
muchos casos la tenencia de los ocupantes es precaria. Cuando se
combinan por una parte la capacidad de los pobladores para
reivindicar su barrio, su casa y también las mejoras del habitat y
de los servicios públicos. Por otra parte actúa el  gobierno local,
presionado por una población que deviene actor social, se plantea
una intervención en la zona para “ciudadanizarla”. A veces hay
experiencias positivas en las que se mantiene la población y su
entorno específico.  Sin embargo la lógica del mercado tiende a
excluir a los sectores de más bajos ingresos, a promover viviendas
nuevas o rehabilitadas que no siempre son accesibles a los antiguos
residentes, incluso a demoler zonas de viviendas de baja calidad para
substituir no solo el habitat existente, también la población. La
resistencia social expresa el valor de uso de la vivienda y su
entorno frente al valor de cambio que representan los invasores y de
facto muchas veces las administraciones públicas. Una cuestión
básica es “legalizar” la tenencia
del suelo cuya ocupación se ha consolidado
incluso cuando la vivienda es precaria o la localización no es
adecuada. Es el medio de que pueden disponer los pobladores para
resistir y negociar con las administraciones públicas y los
inversores privados. Los inmigrantes procedentes de otros países son
los más vulnerables. Los que llegaron a la ciudad, locales o
foráneos, se instalaron a pesar suyo, en los márgenes, han vivido o
viven distintas formas de exclusión social y territorial. Son el
“ejército de reserva de mano de obra”. La vivienda es a la vez
un factor causal de exclusión o una consecuencia debida a la
pobreza, la extranjería o la etnicidad. En todo caso la vivienda es
o puede ser un medio de primera importancia, no único ni suficiente,
para superar la exclusión. Este medio es la vivienda
ciudadana y depende mucho de su localización.
Es la vivienda integrada en el tejido urbano compacto, denso, en el
que se mezclan poblaciones y actividades, que facilita el acceso al
trabajo, al consumo y a los servicios. La vivienda es uno de los
elementos que hacen la ciudad, pero sin estar integrada a la ciudad
la vivienda no es vivienda adecuada. Un concepto clave es el derecho
a la ciudad.

El derecho a la ciudad
no es una suma de derechos adquiridos y prexistentes. Al contrario,
es el derecho a la ciudad el que “perfecciona” (en sentido
jurídico), da contenido real y formal a los derechos a la vivienda,
a la movilidad y accesibilidad, a la centralidad y a la visibilidad
de la población o del conjunto de viviendas, al espacio colectivo y
a los servicios cualificantes, a los elementos significantes que
crean identidad del lugar y distinguen y a la vez enlazan el lugar
con el conjunto ciudadano, etc.¹⁸
En el caso de la vivienda si se dan formas de exclusión territorial,
sea debido a la precariedad de la propiedad del suelo, a la falta de
transporte, al déficit de servicios básicos, a la invisibilidad,
etc. En este caso no se trata de una vivienda ciudadana, es al
contrario, un factor excluyente. En la ciudad actual, ciudad
metropolitana, región urbana confusa y difusa, urbanización sin
ciudad… la vivienda tiende a aparecer desvinculada de la ciudad. No
es una fatalidad del “desarrollo”, es resultado de una política,
consciente o no, anticiudadana y antipopular.¹⁹

Las políticas públicas de vivienda destinadas
a sectores populares, suponiendo que el objetivo real sea realmente
proporcionar vivienda a esta población (o sacarse un problema
próximo de encima) tiene aspectos perversos en la mayoría de
casos²⁰.
Se ubican las operaciones donde hay suelo disponible y de bajo
precio, con frecuencia en tierra de nadie, lejos de los centros
ciudadanos, desligados de las  tramas urbanas. A los pobladores se
les impone la segregación, en un entorno lacónico, en un habitat
que atomiza. La administración pública cede la gestión y la
construcción casi siempre a constructoras privadas, sin un pliego de
condiciones pactado con los habitantes y con la debida inspección
administrativa y vecinal. Los standares no se cumplen o son
inadaptados a los residentes, los materiales son deficientes y las
viviendas insuficientes. La gestión burocrática no ofrece ninguna
participación efectiva a los futuros residentes, se fabrican
productos llaves en mano inadecuados a muchas familias, sin
preocupación por la funcionalidad ni por la estética. Hay déficit
de mantenimiento de las viviendas y de los entornos, agravado por la
deficiencia de los servicios públicos. Las poblaciones se sienten no
reconocidas, una masa anónima a la que se trata poco y de forma
individualizada. El diseño el conjunto no tiene en cuenta casi
siempre la convivencia, la buena imagen del conjunto, los elementos
icónicos significantes. Se menosprecia todo lo que es especificidad,
estética, visibilidad, razones para sentirse a la vez ciudadano
igual a los otros y vivir en un lugar especial, sentirse orgulloso
del lugar. Es un derecho.

Hay actuaciones sobre las zonas de vivienda
popular, degradadas o informales, que se plantean como una
recalificación de la zona
lo cual conlleva deslocalizar a una parte o a toda la población
residente. Se justifica con el argumento que el interés general
requiere esta transformación pero a cambio que se les proporcionará
un habitat de mejor calidad. En unos casos se aprovechan las
catástrofes (terremoto, inundación, incendio, etc), o grandes
eventos (Exposición internacional, Juegos deportivos, congresos de
Naciones Unidas o similares). En otros se programan intervenciones en
zonas apetitosas para las inversiones especulativas, un centro
histórico, una zona portuaria que pierde gran parte de su actividad
in situ, la transformación de una zona ferroviaria o la reconversión
de una zona industrial y en general las grandes obras públicas. Se
utilizan instrumentos de planeamiento o programación como los planes
estratégicos o los grandes proyectos urbanos para legitimar estas
operaciones. En algunos casos se mantienen gran parte de la población
residente pero al faltar una voluntad política operativa que
garantice su mantenimiento la evolución del mercado, la generación
de plusvalías y el aumento del precio del suelo y del metro cuadrado
construido expulsa a sectores de bajos ingresos. Aunque haya habido
voluntad política inicial de recalificar la zona el éxito de la
operación tiene efectos perversos, se expulsa a la población a la
que se pretendía favorecer.

Como se señala en distintos  trabajos de Alfredo
Rodríguez y otros/as ya citados no se valora el arraigo
de la población en un territorio determinado²¹.
Václav Havel decía que las personas deben sentirse dueños e
integrados en un lugar, o mejor dicho en lugares a diversas escalas.
La habitación el niño o adolescente, la casa de los adultos, la
calle que cruza cada día, el barrio, la ciudad. Incluso la celda en
la que estuvo recluido Havel escribió que sentía que su casa era la
celda i desde allí se proyectaba hacia el exterior²².
Sin casa y sin un entorno físico y social el individuo puede
sentirse más de una región, de un país, de un continente. Los
desarraigados, no insertos en tramas sociales de proximidad  flotan
en la nada, no son de ninguna parte. No son, no ejercen, de
ciudadanos. Lo cual nos lleva al ciudadano que es más que uno, es
conciudadano. Se es ciudadano con los
otros, junto a ellos, compartiendo cotidianidades y rutinas, pautas
de comportamiento e intercambio de servicios o palabras, y si cabe
expresando demandas y derechos.

Lo cual nos lleva a los derechos individuales y
colectivos. La democracia
liberal-representativa y la economía capitalista-consumista mitifica
al individuo, usuario, cliente y comprador. Pero en el ámbito del
trabajo como en el da la ciudad se expresan intereses
y valores colectivos y confrontados. Es
obvio en la relación capital-trabajo. También  estas
contradicciones están presentes en la ciudad entendida en un sentido
lato, expansivo, en la urbanización. Actualmente las regiones
urbanas son posiblemente el ámbito mayor de acumulación de capital.
Pero también las ciudades son el ámbito de la reproducción social.
Sin embargo la especulación utiliza esta demanda de la ciudadanía
para pervertir la producción de viviendas, equipamientos,
infraestructuras, etc. Lo cual conlleva una producción ficticia
puesto que el beneficio especulativo va en detrimento de la oferta
real  adecuada y de la demanda solvente posible. La economía
especulativa es un atentado a la reproducción social.²³
El capitalismo financiero  ha multiplicado la acumulación de capital
mediante el uso especulativo del territorio, con altos costes
sociales y ambientales sin otra producción que movimientos de
capital y producción de viviendas de mala calidad y de localización
desarraigada del tejido urbano. Se atomizan los colectivos sociales
como individuos aislados y los costes sociales y ambientales
empobrecen las necesidades de reproducción social. Pero esta
tendencia perversa generada por las políticas neoliberales genera
reacciones sociales “comunitarias” o de clase. Las demandas de
vivienda no pueden separarse del conjunto de las viviendas, ni de los
equipamientos y de los servicios de uso colectivo, del espacio
público y de los transportes, etc. Los movimientos populares sean
por la vivienda, por la seguridad o por el acceso a los bienes
comunes (agua, energía, aire, medio ambiente, etc) dan lugar a la
exigencia de derechos colectivos. Hoy se actualizan los “commons”
o comunes que ya apuntamos al inicio de
este texto. Y se desarrollan prácticas novedosas, a medio camino
entre lo privado y lo público, como son experiencias de economias
colaborativas; viviendas plurifamiliares compartidas, o autos;
intercambio de bienes y de servicios; poner en común bienes
inicialmente individuales; etc. Es lo que se ha llamado la ciudad
colaborativa.

La ciudad colaborativa ²⁴
es una propuesta emergente que pretende
vincular los intereses generales con vocación igualitaria (en teoría
monopolio de los Estados) con el afán de autonomia individual y con
la diversidad de los colectivos sociales. Es un intento de superar la
burocratización estatalista de la deriva del welfare setate y el
individualismo salvaje del neoliberalismo.  La ciudad no es solo el
lugar de experimentar, es desde donde se puede transformar la
relación de la producción y el consumo con el medio ambiente y los
recursos básicos, una renovada concepción del trabajo y del ocio,
la convivencia activa de la ciudadanía  organizada y su relación
con las instituciones,  la generación y la difusión del
conocimiento, la innovación económica como por ejemplo la creación
de monedas complementarias. La ciudad colaborativa se desarrolla
principalmente en el consumo (uso conjunto del auto, compras
conjuntas de alimentos) y el intercambio de servicios. También en la
producción (rehabilitación de las viviendas, huertos colectivos,
reparación de computadoras o electrodomésticos). También crea
espacios para la convivencia, el intercambio de conocimientos y la
producción de ideas. La ciudadanía organizada se erige en
contrapoder de las instituciones del Estado. En la práctica la
ciudad colaborativa mezcla trabajo, consumo, relaciones sociales,
ocio e innovación. Se mezclan también afán individual de ahorrar;
conciencia crítica del despilfarro, de la necesidad de gestionar los
recursos naturales; establecer lazos sociales con el entorno; ampliar
conocimientos y expresar aspiraciones de una sociedad mejor. Pero el
lector de pronto exclamará: pero si estamos descubriendo el
Mediterráneo o la sopa de ajo. No es a caso lo que han hecho los que
se instalan en las puertas de las ciudades, se toman el terreno, se
ayudan en la construcción de viviendas, cocinan “ollas populares”,
se organizan en el cuidado de los niños, se unen para transportarse
por grupos; etc. Si, pero lo que antes era el primer paso para
hacerse ciudadano ahora son los sectores medios y populares con
arraigo antiguo en la ciudad los que recuperan y amplían los ámbitos
de la colaboración.  La ciudad colaborativa genera su propio
lenguaje.

Hemos entrado en una época de reconquista
del lenguaje. A lo largo de las últimas
décadas se ha pervertido el lenguaje, que inicialmente tenía un
sentido real y de interés común y luego ha servido para intereses
particulares y excluyentes. Los organismos internacionales han jugado
un rol importante legitimando conceptos equívocos y que oscurecían
la realidad. La competitividad
por ejemplo. Se consideró que la globalización obligaba a los
territorios y a las ciudades a ser competitivos. En nombre de lo cual
se hacían planes estratégicos o grandes proyectos urbanos en nombre
de la competitividad. No solo la ciudad y las viviendas se
consideraban mercancías, era todo el territorio, se compraba y
depredaba el futuro. Para compensar la dureza de la competitividad se
legitimó la participación.
Y se institucionaliza y se pervierte, se convierte en una trampa. Se
crean mecanismos de consenso pasivo, se eligen individuos al azar o
se clientelizan algunas organizaciones sociales y se convierten a
teóricos representantes ciudadanos  en cómplices de las nuevas
políticas al servicio de la acumulación de capital.  Más
recientemente se exalta la resiliencia,
uno de los últimos productos de los organismos internacionales
solamente operativos para crear confusión, Habitat incluido. Usted,
sin techo o sin trabajo, o ambas cosas, es usted fantástico, no sabe
el potencial  que lleva dentro. Tenga iniciativa, confianza en sí
mismo y saldrá adelante. Pero no busque la solución en las
políticas públicas, el Estado del bienestar se acabó, el exceso de
democracia provocó las crisis, le toca a usted espabilarse, ser
competitivo, sea empresario de sí mismo. En resumen, si usted no
tiene techo ni trabajo, y no sabe como salir de esta situación, es
que es un fracasado al que “ni el tiro del final te va salir”.²⁵
La ciudad colaborativa ha iniciado la construcción  de un nuevo
lenguaje, como la conciuadadanía, la desmercantilización, la
producción de bienes accesibles a todos, el don como una forma de
relación, el ocio es productivo como lo es la convivencia, etc. Es
solo un principio.

El  gran Foro Urbano de 2016, el Habitat III,
puede ser una confrontación de
lenguajes. La confrontación entre la
ciudad competitiva y la colaborativa, entre el territorio todo
urbanizado y los sistemas de ciudades y barrios multifuncionales y de
mixtura social, entre la democracia representativa y centralizada  y
la descentralizada y deliberativa, entre el poder economíco
capitalista y  los contrapoderes populares, entre la existencia de
bienes y servicios de interés general privados y  la publificación
de los bienes y servicios comunes, entre la vivienda mercancía y la
vivienda promovida por promotores sociales y bancas públicas y
éticas, entre el carácter sagrado de la propiedad privada y la
reapropiación de bienes indispensables para la vida en común como
el suelo, entre la resiliencia y la solidaridad.

La ciudad como la vivienda es un proceso
continuado, que no se puede dejar en
manos exclusivas ni de gobernantes, ni de profesionales (arquitectos,
urbanistas, etc) ni de los promotores y constructores. Y menos aún
de los bancos y de los propietarios de suelo. Es la ciudadanía
organizada que debe promover y guiar las dinámicas urbanas. En este
proceso debe conquistar los derechos legítimos socialmente pero no
formalizados o si lo están pero que en realidad la mayoría o
amplios sectores de la población no los pueden ejercer, como es el
caso de una vivienda digna e integrada en la ciudad. Los marcos
político-jurídicos imponen límites o sencillamente prohiben en
muchos casos el ejercicio de estos derechos por considerar que hay
otros derechos de una minoría  que en realidad son privilegios.
Estamos en una época de derechos
(legítimos) que se confrontan con el Derecho (positivo).
Por una parte se proclaman los derechos humanos en los grandes
eventos, en los tratados internacionales, incluso en las
constituciones. Pero  lo contradicen el conjunto del Derecho
codificado, las leyes y reglamentos, las políticas públicas y la
judicatura. Predomina el ámbito protegido de la propiedad privada y
de la mercantilización de los bienes comunes y los servicios de
vocación universal. Los derechos básicos no son contemplados en las
legislaciones, no los desarrollan, o simplemente los contradicen. Es
una época  que exige proclamar como el viejo jurista progresista
italiano, Stéfano Rodotá “El derecho a tener derechos”.²⁶
Esta época de cambio, de hegemonía de la globalización financiera,
de la especulación económica antiproductiva, de la progresiva
exclusión social y crecientes desigualdades y de impotencia y
complicidad de los Estados teóricamente representativos la
ciudadanía tiene que apropiarse de un derecho básico: la
insurrección democrática en nombre de los derechos.²⁷

Notas

1
Este trabajo tiene su origen en un texto destinado a una obra
colectiva coordinada por Alfredo Rodríguez y  Ana Sugranyes; “Con
suburbios y sin derechos. La situación del derecho a la vivienda
adecuada en Chile” (Corporación Sur, Santiago de Chile, 2015).
Esta versión ha sido modificada y ampliada por lo que se puede
considerar original.

2
Recuerdo de niño, en la escuela. Un compañero de clase no quería
decir donde vivía, se puso a llorar cuando se le forzó a confesar
que vivía en un conjunto de chabolas. Más tarde en Paris, un
compañero  brillante con el que había compartído un postgrado de
urbamisme me comentaba que más de una vez le habían seleccionado
para un puesto de trabajo sobre la base de su currículo pero cuando
se presentaba y le pedían su lugar de residencia y respondía que
estaba con su familia en una “cité” (conjunto de viviendas
sociales) le rechazan.

3 En
el texto introductorio de la obra citada, Con suburbios, sin
derechos, de Ana Sugranyes se exponen muy bien las principales
Cartas de Derechos Humano.

4
Nos parece innecesario indicar referencias  sobre
estas revoluciones debido a la muy abundante bibliografía. Un autor
recomendable es Habsbawm (“Las revoluciones burguesas” y en
general el conjunto de su obra).

5
Sobre la Carta Magna y su influencia hasta ahora veáse “El
Manifiesto de la Carta Magna. Comunes y libertades para el pueblo”
de Peter Lanebaugh, Editorial Traficantes de Sueños, Madrid 2013
(edición original en inglés 2008) y “Magna Carta. Law, Liberty,
Legacy”, Claire Breay and Julian Harrison, British Library, 2015.
Ver también un espléndido artículo de Eric Habsbawm, conferencia
de 1982 con el título “La clase obrera y los derechos humanos”,
ver su publicación en castellano en el libro “El mundo del
trabajo. Estudios sobre la formación y evolución de la clase
obrera”.

6
El Reino Unido desarrolló paralelamente libertades políticas y
derechos sociales, pero muy gradualmente y mediante fuertes
conflictos. Pero en otros países los cambios fueron más dispares.
En Francia y especialmente en Estados Unidos las libertades
políticas se desarrollaron en el siglo XIX pero mucho menos los
derechos sociales. En cambio en Alemania el sistema autoritario
bismarkiano desarrolló la protección social pero siempre en un
marco no propio de la democracia liberal.

7
Étienne Balibar, “Ciudadanía”, Adriana
Hidalgo editora, Argentina (2013 (selección de textos de 2005-2010,
original en italiano 2012) y su obra más reciente “Citoyen-sujet”
(PUF, Paris, 2012).

8
Por ejemplo el caso de la Villa 31, en Retiro (muy cerca del centro
cualificado de Buenos Aires). En un seminario entre profesionales el
que fue subsecretario de Urbanismo del gobierno de la Ciudad declaró
que había que expulsar a la población de la Villa pues no les
correspondía vivir en este lugar. Proponía localizar viviendas y
oficinas de alto standing. Otros tipos  de casos de deslocalización
se analizan en el libro citado (“Con Suburbios y sin derechos”)
son en los trabajos de Paula Rodríguez Matta en Talca y el de La
Florida, en Santiago, de  Fernando Jiménez. Se vulnera el derecho
legítimo a vivir en donde se está arraigado. Otro aspecto de esta
operación es la relación de este barrio popular con la operación
urbana en el que fue aeropuerto de Cerrillos. Hace unos años la
responsable técnica de la operación me expuso el proyecto. Le
indiqué que era preciso establecer una red capilar que facilitara
la transición entre la población popular de la Florida y
adyacentes y  la nueva zona urbanizada con alto nivel de zonas
verdes y servicios separada por la autopista. Se escandalizó, la
autopista me dijo como una obviedad que la autopista precisamente
debía impedir el acceso de esta población popular a los espacios y
equipamientos públicos más cualificados. Lo que más me asombra en
el caso de Chile (y de otros países) de sus gobiernos, sean
conservadores o de “centro-izquierda”, no es lo que hacen, sino
el descaro con que  dicen lo que quieren hacer.

9
Es el caso del urbanismo de Barcelona en las dos
últimas décadas del siglo XX. Ver “Luces y sombras del urbanismo
de Barcelona” del autor (Ediciones UOC y Café de las ciudades
2011). Pero en la mayoría de ciudades de Europa y América se dan
casos similares: efectos perversos de actuaciones con vocación
regenerativa. El caso barcelonés ha servido para legitimar
actuaciones tan discutibles (y contrarias a Baracelona) como el
proyecto de los Juegos Olímpicos de Rio 2016 planteado para
especular con el suelo y la inversión inmobiliaria para sectores de
altos ingresos).

10
Ver por ejemplo el trabajo incluido en la obra citada (“Con
Suburbios…” ) de Alejandra Sandoval sobre Villa Nueva
California, Chile. La autora distingue entre el producto (rígido) y
el proceso (dialéctica entre lo existente y lo necesario). Otros
caso que presenta la misma autora, Lo vallador Norte: Población
Corvi año 60, es muy anterior a los otros que se presentan. Hay más
seguridad en la tenencia y mejores condiciones de habitabilidad. Un
caso que conozco directamente es el conjunto de Riberas del Bravo,
en Ciudad Juárez (México). Una operación de vivienda social de
más de15 000 viviendas, de las cuales casi el 40% están
abandonadas y la mayoría de los que permanecen quisieran marchar.
Una operación de promoción pública a más de 15 km del tejido
urbano que agrava fuertemente la exclusión.

11
Hace unos años leí en la revista chilena Mensaje un artículo que
exponía los resultados de un estudio sobre la “mortalidad
escolar” (los adolescentes o jóvenes que dejan los estudios)
entre la población  pobre. Se comparon los resultados de dos
colectivos de adolescentes cuyas familias eran de nivel
socio-económico y cultural bajo y muy similar. Unos vivían en un
barrio pobre, separado del tejido ciudadano. Los otros en un barrio
más grande y en el que se encontraban conjuntos sociales de nivel
bajo y otros conjuntos de clase media. Los chicos/as se mezclaban en
las escuelas, en la calle, en los juegos. La mortalidad escolar era
mucho mayor en el primer grupo que en el segundo. La mixtura social
forma parte de la ética del urbanismo y del buen gobierno
democrático. Un ejemplo interesante es la Loi de Solidarité et
Renouvellement Urbain (Francia, 2000) que establece que en todos los
proyectos urbanos que incluyen una parte importante de vivienda
deben ofrecer una diversidad de tipologías que garantice la
diversidad social. Su aplicación es en la pràctica muy limitada,
pero la ley es muy interesante.

12
El caso del Reino Unido es, con todas las
limitaciones que supone el mercado y la propiedad del suelo,
especialmente interesante. Desde el siglo XIX el movimiento obrero
promovió campañas en defensa de viviendas dignas y asequibles. El
libro de Engels  “La situación de las clases trabajadoras en
Inglaterra” y el detalle con que expone las condiciones de las
viviendas y los barrios obreros de Manchester escandalizaron a la
opinión pública. El Labour Party asumió el combate en favor de la
vivienda popular y el líder su ala más izquierdista, Aneurin
Bevan, asumió la dirección de la política de vivienda en el
gobierno laborista en 1945. Veáse el film de Ken Loach “El
espíritu de 1845”. Como se puede comprobar fácilmente en
Londres, por ejemplo, conjuntos de vivienda pública para
trabajadores están integradas en la ciudad compacta y en zonas de
mixtura social. El hecho que la política de vivienda sea de
competencia local ha favorecido la promoción de la vivienda social
ciudadana. Un ejemplo reciente el que se da en la zona este de la
ciudad donde se concentraron las principales operaciones de los
recientes JJ.OO. (2012). Se han experimentado distintas fórmulas de
vivienda para sectores de bajos y medios ingresos integradas en
conjuntos interclasistas, en donde se combina la propiedad y el
alquiler.

13
Las políticas de vivienda masiva para sectores
populares como las realizadas en la década final del siglo pasado y
la primera de este siglo como las de México y Chile son ejemplos
negativos. Se trata de un acuerdo entre el Estado las entidades
financieras y los promotores-constructores sin tener en cuenta la
participación de las poblaciones en la localización, concepción y
gestión. El libro que prologamos expone diversos casos  de Chile
con resultados similares a los de México: deslocalización y
desarraigo, calidad pésima de la vivienda y exclusión territorio,
nula participación de los pobladores que en muchos casos quedan
endeudados, etc. Veáse  “Los con techo. Un desafío para la
política de vivienda social” de Alfredo Rodríguez y Ana
Sugranyes, eds, Ediciones Sur, Santiago de Chile, 2005 y “Santiago,
una ciudad neoliberal”, de Alfredo Rodríguez y Paula Rodríguez,
eds, Olachi,Quito, 2009.

14
En los años 20 Harold Laski, intelectual del Labour Party, muy
vinculado a los sindicatos (trade unions) y amigo de los Webb,
defendió la gestión social de muchas políticas públicas. Una de
ellas las de vivienda. En el Reino Unido hay una diversidad de
formas de promoción y gestión de la vivienda. Ver de Laski: “La
apoteosis el Estado” (1916) y” Los sindicatos en la nueva
sociedad” (1950). Recientemente se publicaron una serie de
artículos de Laski de 1929 y 1930  “Los peligros de la
obediencia”(Ediciones Sequitur, Madrid 2011)

15
La educación pública, gratuita y universal se desarrolló en
algunos países como Francia ya en el siglo XIX pero hasta los12 o
14 años. La sanidad después de 1945 y en Estados Unidos aún no se
ha conseguido. La vivienda  pública o social tuvo un potente
desarrollo en el Reino Unido favorecido por la fuerte presión
social una vez terminada la guerra cuando se tuvo que promover la
reconstrucción de las ciudades bombardeadas por las tropas
alemanes. Ver el film de Ken Loach “El espíritu del 45”,
op.cit. En el Reino Unido los gobiernos locales tienen la
competencia (y por lo tanto los recursos) para promover la vivienda
lo cual favoreció unas políticas de vivienda integradas en la
ciudad y también innovadoras (desde la ciudad-jardín anters de la
guerra  hasta las new towns de después).

16
En el Informe del Banco Mundial de 2009 consideraban como uno de los
principales indicadores de “desarrollo económico” la
urbanización extensiva en las periferias urbanas, es decir el
mecanismo principal de especulación del suelo y de construcción de
viviendas en tierra de nadie que en gran parte no se podrán vender.

La crisis
del boom immobiliario estalló en 2007. Los expertos del Banco
Mundial no solo han sido cómplices del boom, además son uno
imbéciles. Como dijo Fouché,  jefe de policía y ministro del
Interior de la primera República, de Napoleón y de la Restauración
Monàrquica, “es peor que un crimen, es un error”.

17
Veáse el trabajo especialmente interesante de A.Sugranyes  “La
(in)seguridad de la tenencia. Terremoto27 F, negocios immobiliarios
y amenazas de desalojos”. De la misma autora su nota sobre las
comunidades mapuches, un ejemplo como una vivienda tradicional,
informal, autoconstruída, puede tener una relativa calidad material
y socio-psicológica. Sobre la vulneración de la tenencia, el texto
de F.Jiménez en Villa Francisco Coloane y sobre los migrantes en la
ciudad el de A.Sandoval. Todos estos textos forman parte de la obra
ya citada (“Con Suburbios…”). Estos textos están incluidos en
la obra citada “Con suburbios y sin derechos”.

18
Solamente citamos los derechos estrictamente urbanos pero el derecho
a la ciudad  incluye derechos socio-economicos (educación,
formación continuada, asistencia sanitaria, protección social,
renta bàsica, ocupación, etc) y culturales y políticos,
especialmente la igualdad de derechos político-jurídicos entre
nacionales y residentes no nacionales y la organización política
local descentralizada y participativa. Sobre el derecho a la ciudad
ver los dos textos complementarios de Harvey y Borja en el libro
colectivo “Ciudades, una ecuación imposible” (2012).

19
El autor ha expuesto esta nueva realidad urbana y
su relación con los derechos en “La revolución urbana y los
derechos ciudadanos”, Alianza Editorial, Madrid 2013 y Café de
las Ciudades,  Buenos Aires, 2014

20
Ver las notas 10 y 13 a pie de pàgina.

21
Ver nota13 a pie de pàgina.

22
Havel, escritor y político, encarcelado en los
años 70 y de 1979 a 1984, lideró la “revolución de terciopelo”
y fue el primer presidente de la nueva república checa (1990-2003).

23
Ver “Ciudades, una ecuación imposible”, eds, Belil, Borja y
Corti, Editorial Icaria, Barcelona y Café de las Ciudades, Buenos
Aires, 2012. Sobre la cuestión acumulación de capital y
reproducción social ver especialmente los textos de Naredo, Borja y
Harvey. En este texto se recupera una idea de Marx que se aplica muy
bien  la crisis actual: la especulación que multiplica el dinero
invertido sin necesidad de generar un producto o servicio, es decir
sin contrapartida de trabajo acumulado es un expolio a los
trabajadores pues atenta a su salario directo e indirecto.

24
Ver el artículo del autor: “Crítica de las
smart cities: poder, ciudadanía y negocio.” Publicado en la
revista digital Sin Persmiso (setiembre 2015) y en tres partes en
Plataforma Urbana (setiembre-octubre 2015). Sobre la “ciudad
colaborativa” y su relación (o oposición) con las smart cities
ver Valerie Peugeot, “Colaborativa o inteligente? La ciudad entre
dos imaginarios” (versión en castellano, UOC, Programa Gestión
de la Ciudad y Urbanismo,2015. Y de
Michael  Batty, “Big data, smart cities and city planning”,
Dialogues in Human Geography, 2013. Sobre
la ciudad colaborativa frente a la mercantización de la ciudad, la
vivienda y los servicios de interés general ver Rachel Botsman:
What’s Mine is Your’s: The Rise of Collaborative Consumption,
New Cork, HarperCollins, 2011. Y el
dossier de la revista Esprit, Le partage, une nouvelle économie ?
(julio 2015).

25
“El exceso de democracia” fue uno de los
sloganes del Informe de la Trilateral de 1974, organización de
grandes financieros e intelectuales muy conservadores. Ver “La
crisis de las democracia”, obra promovida por David Rockefeller,
fundador de la Trilateral y cyuyo coordinador principal fue el
ideólogo conservador Samuel Huntington (1975).Fue una de las
banderas que pusieron en práctica Reagan Thatcher y el FMI, hasta
hoy.

En cúanto a la frase
con la que termina el párrafo del tango Desencuentro, de Troilo con
letra de Cátulo Castillo. El verso completo con que termina el
tango dice: “Creíste en la honradez y en la moral…. ¿qué
estupidez! / Por eso en tu totala fracaso de vivir / ni el tiro del
final te va salir”.

26
S.Rodotá, “Il diritto a avere diritti”, Editorial Laterza,
2012. Ver también “No hay derecho(s). La ilegalidad del poder ne
tiempos de crisis”. Editorial Icaria, 2011.

27
Véase  “Ciudadanía” de E.Balibar, editorial
AH, Argentina, 2013 y “Democracia, insurrección ciudadana y
Estado de derecho” de J.Borja, Revista La Maleta de Port Bou, nº
12, 2015.

Acerca del autor

Jordi Borja es Profesor Emérito y Presidente del Comité Académico del programa de la Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya y presidente del Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales). Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y Geógrafo urbanista por la Université de Paris-Sorbonne. Ha ocupado cargos directivos en el Ayuntamiento de Barcelona y participado en la elaboración de planes y proyectos de desarrollo urbano de varias ciudades europeas y latinoamericanas. JordiBorja.cat

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