Análisis victimológico del caso Dani Alves

El lunes 5 de febrero se inicia el juicio contra Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una mujer de 23 años en una discoteca de Barcelona. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el exfutbolista por un delito de agresión sexual con penetración, petición de pena que la acusación particular incrementa hasta los 12 años. Ambas acusaciones exigen una indemnización de 150.000 € para la víctima por los daños físicos y morales sufridos. En su defensa, sus letrados alegarán que las relaciones sexuales mantenidas fueron en todo momento consentidas.

Los procesos penales mediáticos sirven para que, como sociedad, se hable y se debata sobre la comisión de delitos. Este es un punto positivo porque, desgraciadamente, parece que si no se habla de un tema, este tema no existe. El hecho de que en los últimos años se haya perdido el tabú mediático a hablar de violencia sexual y violencia de género ha facilitado, por un lado, que el legislador tome cartas en el asunto (aprobando diversas leyes al respecto) y, por otro, que las mujeres que han sufrido este tipo de agresiones se puedan reconocer como víctimas y puedan revelar su experiencia de victimización y acabar denunciando los hechos. Ahora bien, en el caso de Dani Alves, como en otros muchos, ese efecto positivo de hacer aflorar los delitos contra la libertad sexual ha conllevado un precio para la víctima: los medios de comunicación han juzgado su conducta, se han hecho afirmaciones del tipo “si se fue con él al baño, ya sabía a lo que iba” o se ha llegado a afirmar que ha denunciado para obtener un rendimiento económico.

Este tipo de afirmaciones exponen y revictimizan a la víctima de forma exponencial y no ayudan, en absoluto, en su proceso de recuperación. Recordemos que en un encuentro sexual, el consentimiento afecta a todo el acto, desde el inicio hasta el final, de manera que si en un determinado momento una de las partes no quiere continuar y la otra no lo admite y lleva a cabo una conducta de fuerza o sometimiento, estamos ante la comisión de un delito de agresión sexual, con independencia de que en un inicio hubiera consentimiento válido. Esta cuestión, nuclear en el caso de Dani Alves, ha sido cuestionada y banalizada por los medios de comunicación, cargando sobre la víctima una responsabilidad que solo atañe al supuesto agresor. Es evidente que esto puede suponer, en el caso de producirse un supuesto similar con alguien famoso, que la víctima tenga miedo de denunciar y trate de evitar todo ese juicio mediático. Por eso es muy importante que los medios de comunicación sean responsables y conscientes del poder que ostentan y sean respetuosos en este tipo de situaciones, poniendo límites al exceso de información y opiniones.

En los últimos años, se ha observado que existe una mayor concienciación social en lo que respecta a la visibilización y denuncia de los delitos contra la libertad sexual. Eso es un gran paso para mejorar la detección, la intervención y, especialmente, la prevención de estos delitos. Sin embargo, el tratamiento que, en ocasiones, brindan los medios de comunicación en relación con la delincuencia es contraproducente: se magnifican unos hechos concretos, se genera alarma social y se incrementa la sensación de inseguridad y miedo al delito, que siempre es superior a la realidad objetiva de los datos delincuenciales. Cuando el denunciado es alguien famoso, el foro mediático lleva a cabo un juicio paralelo al que se celebra en los tribunales. Se suele juzgar a la víctima, analizar su conducta y especular con lo que pudo hacer y no hizo y con lo que hizo y no debió hacer. Todo el mundo parece saber el detalle de los hechos y todo el mundo opina categóricamente al respecto: se genera un relato de los hechos que se supone cierto. Este juicio paralelo tiene una importante afectación en la víctima, que pese a mantener el anonimato, ve como su conducta y decisiones son escudriñadas en prensa y televisión, como se la juzga y como se le atribuyen intenciones maliciosas como la manipulación y obtención de un lucro económico. Lo mismo sucede con el supuesto agresor: la gente opina y se le condena o absuelve antes de ser juzgado por un tribunal, olvidando el derecho fundamental a la presunción de inocencia. 

El mensaje que nos llega cuando alguien famoso es juzgado y, en su caso, condenado es que la justicia nos iguala a todos. La clase social y el poder adquisitivo resultan indiferentes: si alguien comete una agresión sexual será juzgado y condenado. Aunque, cierto es, que el poder adquisitivo sí da opción a elegir letrados también mediáticos. De hecho, cuando el sujeto es mediático, vive un doble juicio: el judicial y el mediático, con el etiquetaje social que eso conlleva.

Más allá de destacar la importancia de que las leyes incrementen la protección de las mujeres y su libertad sexual, lo que debemos preguntarnos es por qué muchas víctimas de este tipo de delitos o de violencia de género optan por no revelar ni denunciar los hechos. Podemos tener muchas leyes y mucho discurso político criminal al respecto, pero lo realmente importante es que las víctimas confíen en el sistema de justicia y se sientan seguras como para explicar lo que han vivido o están viviendo. Y en muchos casos, esas mujeres no están preparadas para ir a una comisaría o a un juzgado a denunciar y/o no confían en la policía o el sistema judicial: necesitan de un apoyo y una preparación previa para ayudarlas a afrontar el inicio de la maquinaria judicial y, especialmente, para afrontar todo lo que supone un proceso penal. Si no reciben esa preparación y ese apoyo previo, la denuncia no llega o, en caso de atreverse a denunciar, el riesgo de que abandonen el procedimiento penal o se nieguen a declarar es elevado.

Por tanto, es necesario que se tome conciencia de esa fase previa de preparación y apoyo a las víctimas si lo que pretendemos es detectar situaciones de victimización e intervenir en ellas de forma efectiva. Denunciar es esencial, pero lo realmente importante es en qué condiciones personales lo hace la víctima, para tratar de reducir el riesgo de archivo del proceso y asegurar la viabilidad y éxito de la respuesta penal y la reparación de la víctima.