La ortodoxia fiscal en la Unión Europea va por barrios

El pasado 5 de julio se cumplieron diez años del referéndum en el que se preguntó a la sociedad griega si aceptaba las condiciones impuestas por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) para hacer frente a la crisis de la deuda que sufría su país. De la forma como se “resolvió” esa crisis puede extraerse alguna lección en relación con el escenario actual de militarización de la Unión Europea.

La participación en el referéndum fue del 62,5 %, y el resultado fue favorable al no en un 61,3 %. Este resultado inducía a pensar en la apertura de negociaciones para un nuevo memorándum que implicara el fin de la austeridad o, por el contrario, la salida “voluntaria” de Grecia del euro. Sin embargo, el camino tomado fue otro. El 15 de julio, el Gobierno griego presentó un paquete de reformas y recortes todavía más exigentes que las rechazadas en la consulta del 5 de julio. Este paquete fue aprobado por el Parlamento griego, con el apoyo de la oposición y el voto contrario de algunos diputados disidentes del partido gobernante. Se había impuesto la ortodoxia fiscal. En contraprestación, pocos días después, los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron una financiación total de casi 100.000 millones de euros por tres años, en forma de nuevos préstamos.

Diez años después, la situación en Europa se caracteriza por un crecimiento real próximo a cero y una ratio media de deuda pública sobre el PIB que ha pasado de situarse en torno al 65 % en 2007 a estar por encima del 90 % en 2024. Y esto, pese al compromiso con la austeridad y las dos expansiones implementadas: la expansión cuantitativa (quantitative easing) de Mario Draghi para reanimar la economía después de la crisis de los años 2008 y 2009, y el plan de recuperación por la pandemia de 2020.

El caso de Alemania, la primera potencia económica de la Unión Europea, es especialmente significativo. A estas alturas, es el único país del G7 que ha registrado dos años consecutivos de recesión, debido al colapso de su modelo de crecimiento, basado en las exportaciones, y de la pérdida de la energía barata procedente de Rusia.

Los países de la Unión Europea necesitan nuevos “estímulos” públicos, puesto que, en tiempos de incertidumbre, los ahorradores tienden a acumular dinero en lugar de invertirlo. La opción seleccionada ha sido el gasto militar. En marzo de 2025, la Comisión Europea propuso el Plan ReArm Europe 2030, cuyo objetivo es dedicar más de 800.000 millones de euros para 2030 a gasto en defensa, financiado íntegramente con préstamos. Esto duplicaría aproximadamente el gasto militar en “defensa” de la Unión Europea dentro de cinco años: se pasaría del 2,5 % del PIB al 5 %.

Estrictamente, esta opción se encuentra con el obstáculo de las normas fiscales establecidas para garantizar el buen funcionamiento del euro, las mismas normas que se exigieron a Grecia en 2015. Sin embargo, parece que los conflictos geopolíticos y la supuesta amenaza de guerra han ofrecido un argumento político convincente para permitir que los déficits anuales de los estados puedan superar el 3 % del PIB y el 60 % de endeudamiento público.

Alemania —tradicionalmente el principal defensor de la ortodoxia fiscal y monetaria— ha introducido una enmienda constitucional que faculta a su gobierno para endeudarse “tanto como sea necesario” para salvaguardar su seguridad. Por su parte, el Banco Central Europeo ha relajado su objetivo fundacional de mantener la inflación “justo por debajo” del 2 %, sustituyéndolo por el de “a medio plazo”. Si la seguridad nacional está en juego, la virtud de la austeridad cede ante la virtud superior de mantenernos a salvo.

Al mismo tiempo, para legitimar este gasto frente a la opinión pública, se presenta como una inversión que estimulará el crecimiento económico. En marzo de 2025, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, defendió en una entrevista en la BBC que la inundación de liquidez que supondrá el rearme será un estímulo para la innovación y la productividad y, por lo tanto, también para el crecimiento económico.

En esta línea, algunos han visto en la decisión un tipo de “keynesianismo militar”. Sin embargo, como afirma Robert Skidelsky, el biógrafo más importante de Keynes, aunque es cierto que el economista de Cambridge defendía que en una situación de estancamiento era mejor derrochar que gastar —la guerra es un caso clásico de gasto derrochador a gran escala—, se mostraba partidario de “malgastar” en otros ámbitos, como infraestructuras, innovación para usos civiles, escuelas u hospitales.

En conclusión, la crisis griega de 2015 mostró que, cuando determinados países y gobiernos se enfrentan a una crisis de deuda, la posición es inflexible y se les fuerza a recurrir a políticas económicas de austeridad, que van desde bajadas de salarios hasta reducciones del gasto social, privatizaciones y aumento de determinados impuestos. En cambio, cuando son otros los países que, en situación de recesión, necesitan afrontar políticas expansivas, se encuentran los argumentos que justifican y permiten relajar las normativas y las disciplinas fiscales que haga falta.