Los indicadores de la seguridad: la estadística policial.

2 abril, 2013

La creciente incorporación de los ámbitos relacionados con la seguridad a la agenda política así como la constatación de la necesidad de incorporar actores diversos en los programas públicos diseñados para hacer frente a los desafíos de la seguridad han puesto sobre la mesa la importancia de la avaluación de los planes, proyectos y operativos destinados a afrontar las problemáticas de seguridad. Nadie con un mínimo de sentido común pondrá objeciones a esta necesidad. El problema radica en encontrar los indicadores adecuados para evaluar las políticas de seguridad.

Una parte importante del público, e incluso algunos con conocimientos más avanzados, piensa que las estadísticas policiales son un buen indicador para tener un conocimiento fiable del estado de la seguridad. Si los comparamos con otros registros estadísticos como, por ejemplo, los del Poder Judicial, parece que los datos policiales son más localizables tanto en el espacio como en el tiempo. Sin duda, son un referente a tener en cuenta porque nos proporcionan mucha información. De todas maneras es importante saber de qué información estamos hablando, sobre qué nos dan información y sobre qué no nos la dan [1].

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los delitos que llegan al conocimiento de la policía lo hacen porque los ciudadanos los denuncian ante la misma policía. Todos los estudios solventes sobre el tema nos muestran que los ciudadanos denuncian alrededor de la mitad de los delitos de los que son víctimas [2]. Este hecho supone que a la policía se le escapa un volumen muy importante de la delincuencia que tiene lugar en nuestras ciudades. Las razones son diversas: a veces los daños sufridos son pequeños, otras no creen que la policía vaya a resolver el caso, en otros por miedo, porque no se cree en la justicia, etc.

Desde un punto de vista técnico se podría añadir que lo que los registros policiales nos muestran son indicios delictivos, ya que no es hasta el final del correspondiente proceso penal cuando se determina la comisión o no del acto delictivo. No hace falta ser un experto para saber que no todos los delitos detectados por la policía acaban siendo considerados por los tribunales como tales. Así pues, algunos de los hechos calificados como delitos por la policía no acaban por serlo en sentido estricto.

Las modificaciones de la normativa penal y sancionadora también afectan notoriamente los registros policiales. Por ejemplo, el hecho de que una conducta pase de ser constitutiva de un ilícito penal a ser un ilícito administrativo o viceversa altera, en uno u otro sentido, notoriamente la estadística policial.

En cambio los registros policiales son muy útiles para informarnos sobre la actividad de la policía. Los hechos de los que allí queda constancia nos explican cuáles han sido las actividades de la policía (al menos una parte de ellas) durante un determinado período de tiempo. Con esto se quiere decir que en función de cuáles sean las prioridades de la policía y de su distribución temporal y espacial será más probable que detecten unas infracciones u otras. Por ejemplo, si se dedican muchos recursos a combatir la indisciplina viaria, las denuncias en este ámbito aumentaran, de la misma manera que si se focaliza en los hurtos en determinados espacios públicos este tipo de delitos serán detectados con más facilidad y, al menos en un primer momento, los registros estadísticos aumentarán. Aquí ya tenemos un primer aviso que nos ha de prevenir ante interpretaciones apresuradas de las estadísticas policiales. Para saber qué significa un incremento en los registros de una determinada tipología penal (o de una infracción administrativa), necesitamos más información. De entrada, necesitamos saber si las estrategias y la distribución de los recursos policiales han variado o no. Si no lo han hecho, con respecto a los intervalos temporales precedentes, podremos concluir que el incremento se debe a que los citados delitos o infracciones se han cometido con más frecuencia. En cambio, si ha existido una estrategia que ha concentrado recursos a detectar y combatir una tipología de infracción determinada, un aumento de los registros no significa necesariamente que se haya producido más infracciones.

Precisamente éste fue uno de los grandes problemas del fenecido programa Policía 2000 del Cuerpo Nacional de Policía español [3]. Este programa pretendía dinamizar, activar todos los efectivos del cuerpo de policía para combatir más activamente la delincuencia. La instrucción era clara: enviar los policías a la calle con los ojos bien abiertos a hacer su trabajo: prevenir y detectar infracciones y denunciar (y detener si correspondía) delincuentes. La primera consecuencia lógica de un cambio de orientación de la organización de este tipo es un incremento de los registros policiales. De la misma manera que si a la población de un determinado territorio se la somete a intensos controles médicos se detectan más enfermedades, si se activan los recursos policiales se detectan, sobretodo en un primer momento, más delitos. El problema radicó en que una parte de los salario de los policías se vinculaba a los índices de delincuencia de su área de trabajo. En consecuencia, si eran muy activos y detectaban muchos delitos, su sueldo disminuía. Como eran ellos mismos los que incluían los datos, la tensión interna era clara, como los datos de delincuencia publicados por el Ministerio demostraron en aquél período.

En sentido contrario, el hecho de que una determinada infracción deje de ser considerada como prioritaria y se dediquen menos efectivos a su detección puede determinar que la cifra registrada baje, con independencia de que la conducta prohibida haya aumentado o no. De la misma manera, también una disminución de las facilidades para denunciar delitos (la creación o retirada de unidades móviles para recoger denuncias de los ciudadanos o la ampliación o reducción de los horarios de recepción de denuncias en las comisarías) pueden afectar notablemente las estadísticas delictivas.

Como ejemplo paradigmático de lo que estamos diciendo encontramos el primer período de Nicolás Sarkozy como ministro del interior del gobierno francés [4]. En el momento de su llegada al ministerio, el año 2002, Sarkozy lanzó un mensaje muy claro: la función de la policía no era ir por la calle hablando con la gente ni ayudar a viejecitas en apuros (su interpretación de la policía de proximidad), sino detener delincuentes y llevarlos ante la justicia. En coherencia con este planteamiento, disminuyó hasta límites puramente simbólicos los recursos dedicados a la police de proximité y dedicó más recursos a la investigación de delitos. Esto implicó que hubiera menos efectivos de patrulla ordinaria por la calle y que los horarios de recepción de denuncias disminuyeran. Dicho de otra manera, menos efectivos a tareas de proximidad, más efectivos a investigación de delitos. ¿Cuál fue la consecuencia estadística de estas decisiones? Los delitos registrados por la policía disminuyeron y las tasas de resolución de delitos aumentaron. Obviamente los ciudadanos tenían menos posibilidades para denuncia, cosa que implicaba que la delincuencia “bajara” y, en cambio, la policía tenía más efectivos dedicados a la investigación, cosa que implicaba que se pudieran resolver más casos (aunque si simplemente se hubieran resuelto los mismos, al disminuir el número absoluto, la tasa de resolución hubiera subido en todo caso). Este resultado confirmó la teoría oficial, según la cual el gobierno precedente (encabezado por Lionel Jospin) había facilitado el aumento de la delincuencia por su nefasta política de seguridad y, en cambio, la nueva política de firmeza contra la delincuencia había dado los frutos esperados.

En resumen, la estadística policial constituye un indicador absolutamente necesario para conocer el estado de la seguridad, pero debe ser interpretado no únicamente combinado con otros instrumentos como, por ejemplo, las encuestas de victimización o de seguridad, sino también conel conocimiento de las decisiones organizativas de la policía, de los cambios legislativos que afectan a las tipologías penal y de cualquier otro factor que pueda tener alguna influencia en los registros policiales.

[1] Vid. GONDRA, J. 2009. “Els indicadors en l’àmbit de la seguretat interior: Sobre la mesura dels resultats. En Apunts de Seguretat, núm. 3, pàgs.5 a 32.http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Apunts%20de%20seguretat/Docs/apunts_3.pdf
[2] Vid. página 21 del Informe 2012 sobre la seguretat a Catalunya.(http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Informes%20de%20seguretat/Docs/Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf)
[3] Vid. http://www.interior.gob.es/file/11/11242/11242.pdf
[4] Vid. GUILLEN, F. (2009) “Els indicadors i la mesura de la seguretat a França”, en Apunts de Seguretat, núm. 3, págs. 33 a 48.http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Apunts%20de%20seguretat/Docs/apunts_3.pd

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