Víctimas colombianas en el exilio: una deuda pendiente en la justicia transicional

El exilio forzado ha marcado la historia de América Latina, dejando como resultado a millones de personas que han tenido que huir de conflictos armados, dictaduras y persecuciones políticas. En países como Chile y Argentina durante las dictaduras militares, El Salvador y Guatemala en los años de guerra civil, o más recientemente Venezuela y Nicaragua, el exilio se convirtió en una forma de supervivencia, pero también en una experiencia marcada por la pérdida de vínculos, el desarraigo y la invisibilización en los procesos de justicia y reparación.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR y su informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2022, de los 2,6 millones de nuevas solicitudes de asilo individuales, el 56 % –es decir, alrededor de 1,4 millones de personas solicitantes de asilo– procedían de solo 10 países, entre los que se encuentran Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia y Honduras.

Colombia enfrenta una herida que traspasa fronteras: investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica estiman que en 2007 un total de 481.002 nacionales colombianos se encontraban refugiados, y, de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad, capítulo “La Colombia fuera de Colombia”, las personas tuvieron que exiliarse durante el conflicto armado interno, huyendo de amenazas, desplazamientos y asesinatos. Además, según este último organismo, en 2019, el principal país donde se exiliaron los colombianos fuera de América Latina fue España, que registró un total de 34.352 personas refugiadas y solicitantes de asilo de origen colombiano.

Una reciente investigación del grupo de Victimología Empírica y Aplicada (VICRIM) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), liderada por Josep M. Tamarit Sumalla, catedrático de Derecho Penal de esta universidad, con el apoyo del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP), recogió testimonios de 19 personas víctimas del conflicto armado colombiano que actualmente residen en Cataluña. Los grupos focales realizados evidencian que, pese al Acuerdo de Paz de 2016, el cual significó un gran avance, esta población enfrenta múltiples obstáculos para ser reconocida y participar en los mecanismos de justicia transicional.

Como advierte la investigadora Silvana Avendaño, estudiante del doctorado de Derecho, Política y Economía de la UOC: “El sistema de justicia transicional colombiano no ha tenido suficientemente en cuenta a las víctimas en el exilio. Pese a los esfuerzos de la Jurisdicción Especial para la Paz, los mecanismos siguen siendo insuficientes: las víctimas en el exterior siguen invisibilizadas y enfrentan múltiples obstáculos para participar en procesos de verdad, justicia y reparación”.

Los hallazgos muestran que el exilio no es solo una salida forzada, sino una experiencia de victimización prolongada. Entre las dificultades más señaladas están el desconocimiento de sus derechos, la falta de información clara, la desconfianza hacia las instituciones y la imposibilidad de continuar con los proyectos de vida al no tener la posibilidad de homologar títulos, vincularse laboralmente y, sobre todo, sentirse parte de los nuevos grupos sociales.

Uno de los participantes lo expresó así: “Me parece muy interesante lo que dijiste de que aquí no tenemos miedo, pero es que en realidad no existimos. El territorio del exilio no existe… Yo siempre digo que es que vivimos en un territorio de la no existencia. Para la sociedad colombiana, primero que todo, porque es que necesitamos también un reconocimiento social. No solamente un reconocimiento legal o un reconocimiento por parte del Estado, sino de una sociedad que niega que existimos y que, como decía la compañera, cree que, porque ya logramos llegar a otro país, nuestra situación, desde la económica hasta la emocional, y hasta la del reconocimiento como víctimas, deja de existir”.

Frente a esto, el catedrático e investigador en Derechos Humanos y en Criminología de la Universidad Católica de Lovaina, Stephan Parmentier, enfatiza la relevancia de este enfoque adoptado por Colombia, que, si bien aún debe corregirse, representa un gran avance: “Es la primera vez que en el marco de la justicia transicional se da un enfoque a escuchar las voces de los exiliados. El caso colombiano puede marcar un precedente mundial, porque el exilio ha sido reconocido incluso como una violación independiente de los derechos humanos”.

Entre los principales obstáculos identificados para el acceso a la justicia desde el exilio están:

●  Falta de información clara y accesible.

●  Miedo persistente, incluso viviendo fuera del país.

●  Desconfianza hacia las instituciones, por experiencias previas de impunidad.

●  Dificultades prácticas y económicas para participar en procesos judiciales a distancia.

Parmentier añade: “La distancia física y política hace más complejo el acceso a pruebas, la comprensión de los procedimientos y la posibilidad de incidir. Sin reconocimiento jurídico y moral, las víctimas exiliadas siguen luchando para que sus voces sean escuchadas”.

Como resultado de la investigación, los expertos plantean una serie de recomendaciones a las instituciones colombianas a fin de contribuir al proceso de verdad, justicia y reparación:

1.         Garantizar la participación efectiva de las víctimas en el exterior a través de canales accesibles y seguros.

2.         Crear circuitos integrales de acogida y de acompañamiento jurídico, psicosocial y administrativo.

3.         Reconocer simbólicamente a las víctimas en el exilio, organizando actos de reconocimiento y memoria que visibilicen la experiencia del exilio y dignifiquen a sus víctimas.

4.         Impulsar encuentros restaurativos en el exterior, facilitados por instituciones y consulados.

5.         Fortalecer la articulación con instituciones catalanas, incluyendo el acceso a la educación, las rutas de atención claras y la integración de organizaciones de la sociedad civil.

A la fecha, aún persiste una deuda histórica con quienes tuvieron que abandonar el país por miedo, persecución o violencia política, y justamente el estudio subraya la urgencia de que Colombia reconozca a las víctimas en el exilio como parte fundamental de su proceso de verdad, justicia y reparación. El exilio no puede seguir siendo una categoría marginal en los procesos de justicia transicional, y su inclusión no es solo una obligación ética y jurídica, sino también una condición indispensable para la construcción de una paz duradera e inclusiva.