Los derechos de la infancia y la adolescencia: un reto mundial con desafíos urgentes en Colombia

A pesar de los avances normativos y los compromisos internacionales, miles de niños, niñas y adolescentes colombianos aún ven vulnerados sus derechos, especialmente en contextos de desigualdad, conflicto y pobreza

“Uno de los hallazgos más importantes es la falta de indicadores de resultado: conocemos la cobertura y el rendimiento de funcionarios, pero no el impacto real en la vida de los niños”, afirma Nicolás Rodrigo Vásquez Cuevas, alumni del máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la UOC.

Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia es uno de los compromisos más importantes de los Estados en el marco del derecho internacional. A nivel global, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, continúa siendo el instrumento más ratificado de la historia, lo que refleja la voluntad formal de los países de proteger a los menores de edad. En esta se establece que no solo requieren protección, sino que son sujetos plenos de derechos que deben ser garantizados en condiciones de igualdad, participación y dignidad. Sin embargo, las brechas entre la norma y la realidad siguen siendo profundas.

Organizaciones como UNICEF y Save the Children advierten de que los niños continúan siendo una de las poblaciones más vulnerables. El trabajo infantil, que afecta a más de 138 millones de niños según la OIT; la violencia derivada de conflictos armados, que ha causado 3.707.111 víctimas solo en Colombia; la crisis climática, y las desigualdades de género marcan un panorama preocupante.

Aunque en Colombia se han dado pasos normativos relevantes como el artículo 44 de la Constitución Política de 1991 y el Código de Infancia y Adolescencia de la Ley 1098 de 2006, la implementación enfrenta serios desafíos, con un impacto diferenciado en zonas rurales, comunidades indígenas, afrodescendientes y territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

Frente a este hecho, los especialistas coinciden en que la distancia entre lo formal y lo material sigue siendo significativa. Así lo revela una investigación de la UOC denominada Mecanismos de seguimiento y control del proceso de restablecimiento de derechos de infancia y adolescencia en Colombia, liderada por Nicolás Rodrigo Vásquez Cuevas, alumni del máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la UOC, que advierte que “uno de los desafíos más importantes que enfrenta el Estado colombiano con la finalidad de hacer esa transición y de responder a los retos a los cuales se ha comprometido en cuanto a la protección y el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es completar el proceso de transición desde las estructuras formales a una estructura material que pueda soportar los procedimientos que se hacen en favor de los niños”.

La falta de indicadores concretos es uno de los problemas más graves para avanzar en esta tarea y es justo una de las recomendaciones con las que se concluye en la investigación: “Colombia no tiene indicadores de resultado debidamente estructurados (…) Una recomendación para mejorar el sistema de protección y restablecimiento de los derechos de los niños en Colombia es que tengamos un sistema de indicadores que nos permita conocer nuestra gestión y nuestro impacto en los derechos humanos”, afirma Vásquez.

A esta preocupación se suman los factores estructurales que limitan la garantía de derechos. Según la investigadora Camila Galindo, especialista en derechos humanos y despojo y docente de UNIMINUTO Virtual y A Distancia, “existen diferentes factores estructurales que entran a limitar la garantía de los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país; entre ellos vamos a poder examinar, por ejemplo, los factores económicos y los sociales, pero también los culturales”. Su experiencia de investigación en México, Puerto Rico y Colombia evidencia cómo la deuda pública y las políticas de ajuste han restringido los recursos para programas esenciales de educación y salud.

El panorama se complica aún más en los territorios afectados por el conflicto armado. José Luis Campo, coordinador de Benposta, recuerda que el primer paso es no reducir a los niños a categorías estigmatizantes: “no hay niños y niñas desplazados, no hay niños y niñas combatientes, sino que hay niños y niñas y, cuando uno los mira a los ojos, debe tener la capacidad de verlos como lo que son”. Para esta organización, la defensa de los derechos “es dignificar la vida, es darles a los niños y a las niñas la oportunidad de que ellos se descubran como una oportunidad”.

En este sentido, uno de los mayores llamados de las organizaciones que trabajan directamente con la niñez es garantizar que sus voces sean escuchadas en el diseño de políticas públicas. Como afirma Campo, “la política pública tiene que ser retroalimentada en el tema de la niñez en estos momentos; creo que hay una alternativa, una política pública mucho más incluyente donde los niños y las niñas dejen de ser casos, dejen de ser problema y sean los protagonistas y los sujetos reales de participación”.

La educación también aparece como un eje transversal de protección y transformación social. El docente investigador de paz y educación de UNIMINUTO Luis Juan Carlos García Noguera señala que “la educación para la paz tiene una importancia trascendental en la promoción de los derechos de los niños y de los adolescentes, puesto que permite poder resignificar esas dinámicas del conflicto y, desde ahí, trabajar la construcción de otras generaciones enmarcadas en el diálogo y el respeto a la alteridad”.

De acuerdo con García, las universidades tienen la responsabilidad de formar a agentes de cambio y generar espacios de diálogo que conecten las reflexiones académicas con la realidad de los territorios. “En este momento todos los jóvenes están llamados a participar de manera activa en la construcción de un país nuevo. Todos los jóvenes, desde cada uno de los territorios del país, pueden participar en los distintos espacios que están dispuestos con la intención de potenciar la implementación de los derechos humanos”.

En conclusión, los expertos coinciden en que Colombia necesita superar el rezago entre la norma y la práctica, invertir con enfoque en infancia y adolescencia, construir sistemas de indicadores claros y garantizar que las niñas, niños y adolescentes sean reconocidos no solo como sujetos de derechos, sino como protagonistas de la transformación social. Hay que transformar la capacidad de generar datos en un verdadero sistema de medición de impacto que refleje la efectividad de las acciones estatales en la vida de los niños y adolescentes. Solo mediante la adopción de indicadores integrales, estandarizados y orientados a resultados será posible garantizar que el interés superior del niño se materialice más allá del marco legal y se convierta en una realidad palpable en cada territorio del país.

Por tanto, el reto no radica en la falta de leyes, sino en la capacidad del Estado y la sociedad para materializar esas garantías en el día a día de los niños y adolescentes para evitar que la protección integral sea solo una declaración normativa.

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