El modelo español de acusación particular: riesgos y oportunidades detectados por un estudio empírico sobre delitos sexuales

18/03/2024
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El catedrático Josep Maria Tamarit Sumalla y la investigadora doctoral Laura Arantegui Arràez publicaron el artículo «The Spanish Model of Private Prosecution: Identifying Risks and Opportunities Through Empirical Research on Sex Crimes» en la revista International Criminology (febrero 2024). A continuación, destacamos algunos de los aspectos más relevantes:

El sistema de justicia penal español cuenta con un modelo distintivo de acusación particular, que brinda a las víctimas de delitos la oportunidad de participar en el proceso judicial de una manera diferente a lo que prevén otros sistemas legales. Aunque esta modalidad brinda ciertas ventajas a las víctimas, también conlleva riesgos. El debate sobre las ventajas y desventajas de la configuración actual de la acusación particular en España es de gran interés a nivel criminológico y de derecho comparado. La contribución de este estudio radica en la incorporación de resultados empíricos basados en el análisis de sentencias judiciales.

En los últimos años, ha habido un notable aumento en la cobertura mediática de los delitos sexuales en España, lo que ha llevado a una serie de reformas legales destinadas a aumentar las penas y ampliar la definición de tipos delictivos en el Código Penal. Estas reformas se llevaron a cabo en los años 2003, 2010, 2015, 2022 y 2023, siendo las dos últimas objeto de intenso debate político.

Una de las características únicas del sistema español de acusación particular es que no solo las víctimas individuales, sino también instituciones, pueden ejercerla. En muchos casos, especialmente aquellos que han recibido gran atención mediática, las instituciones participan brindando apoyo a las víctimas que inician procesos judiciales.

En este contexto, se ha llevado a cabo una serie de estudios para determinar la influencia de factores legales y extralegales en la imposición de penas (entendiendo “extralegales” como fuera de las reglas establecidas en la normativa para determinar la pena a imponer), lo que ha permitido analizar cómo la presencia de una acusación particular en procesos penales por delitos sexuales afecta a las decisiones judiciales. Para lograr este objetivo, se han recopilado datos de sentencias emitidas por las Audiencias Provinciales españolas. Tres estudios han considerado la presencia de la acusación particular como un factor extralegal específico entre un conjunto de variables. 

Los resultados de la investigación sugieren que las decisiones judiciales están influenciadas por la presencia o ausencia de acusación particular en el proceso, especialmente en lo que respecta a la imposición de penas de prisión. La determinación judicial de las penas en el sistema de justicia español debe seguir una amplia gama de reglas formales y sustantivas. Sin embargo, en cuanto a los factores extralegales, debe tenerse en cuenta que la presencia de acusación particular predice penas más severas, especialmente en casos de delitos sexuales.

A pesar de que la presencia de la acusación particular aparece asociada con penas más duras, los resultados obtenidos señalan que las variaciones, dependiendo del tipo de delito y la relación entre víctima y agresor, pueden ser relevantes. Además, la falta de significación estadística en algunos resultados no permite descartar la posible influencia de otros factores ajenos al estudio.

A pesar de que los resultados constatan el impacto de la acusación particular en las sentencias, ello no permite defender ni criticar esta institución procesal. La influencia de la acusación particular puede ser vista como algo positivo (en términos de proporcionar justicia a las víctimas) y también como la confirmación de su temida contribución a la disparidad en la imposición de penas en detrimento de los derechos del acusado. 

Es necesario seguir investigando para replicar los estudios anteriores en una gama más amplia de delitos, teniendo también en cuenta los diferentes tipos de víctimas. Un desafío futuro también implicará evaluar las posibles consecuencias derivadas de la promulgación de la Ley Orgánica 10/2022 sobre la garantía integral de la libertad sexual, que establece el derecho de las víctimas de tales delitos a recibir asistencia legal gratuita. Deberá analizarse el impacto de esta disposición legal en la disponibilidad y utilización de la acusación particular y su influencia en la severidad de las penas.

Para un mayor desarrollo de tales cuestiones, puede consultarse la integridad del mencionado artículo en:

Arantegui-Arràez, L., Tamarit-Sumalla, J.M. «The Spanish Model of Private Prosecution: Identifying Risks and Opportunities Through Empirical Research on Sex Crimes». Int Criminol (2024). https://doi.org/10.1007/s43576-024-00114-8

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Autores / Autoras
Criminóloga por la UOC con el Premio Extraordinario del grado y premio al mejor TFG, Máster en DDHH, Democracia y Globalización por la UOC y Máster en Pericia Caligráfica y Grafoanálisis Europeo por la UAB con medalla Emili Mira y López al mejor trabajo de investigación en ciencias del grafismo. Ha colaborado en el grupo de investigación en Criminología de la UOC en varios proyectos, entre ellos la experiencia de las mujeres víctimas de violencia de género durante su paso por el sistema de justicia penal y el proyecto europeo FAIRCOM (Contributing to improve an efficient and effective modelo for fair and appropriate compensación to victims of sexual crimes in the EU it), conjuntamente con equipos investigadores de Madrid, Países Bajos, Italia, Letonia y Grecia. 
Doctor en Derecho, desde 1999 es Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Lleida y desde 2010 Catedrático de la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente es el director del Máster Universitario de Ciberdelincuencia. Investigador principal del Grupo "Sistema de justicia penal". Su actividad de investigación se ha centrado especialmente en la victimología, la justicia restaurativa y el sistema de sanciones penales.
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