El acuerdo migratorio entre Reino Unido y Ruanda y las posibles implicaciones para el derecho de asilo

El 14 de abril de 2022, el gobierno de Reino Unido publicó un Memorando de Entendimiento (MdE) firmado con el gobierno de Ruanda para establecer un acuerdo de colaboración en materia de asilo. En este sentido, el Memorando de Entendimiento prevé el traslado «de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes no sean estudiadas por el Reino Unido, a Ruanda, que tramitará sus solicitudes y aceptará o expulsará (según proceda) a las personas una vez que se decida su solicitud». En otras palabras, esto significa que cualquier persona que solicite asilo en el Reino Unido de forma «irregular» puede ser «reubicada» en Ruanda mientras se tramita su solicitud.

Este acuerdo, justificado por el deseo de estabilizar el desequilibrio entre las rutas migratorias legales e ilegales, refleja de hecho una política del gobierno británico cada vez más orientada a la externalización de las fronteras y amenaza con sentar un precedente sobre la posibilidad concreta de restringir la entrada de solicitantes de asilo en los países desarrollados, trasladando la responsabilidad de la tramitación de solicitudes a los países en desarrollo.

Las políticas de asilo en el Reino Unido

El MdE ha sido firmado en el marco de la nueva Ley de Nacionalidad y Fronteras, que introduce cambios radicales en el sistema de asilo del país. El objetivo del nuevo proyecto de ley es disminuir las solicitudes de asilo irregulares y, en particular, poner fin a las travesías de inmigrantes ilegales por el Canal de la Mancha. Para ello, se restringe el acceso al asilo mediante la introducción de un sistema de dos niveles en el que sólo los que lleguen al Reino Unido a través de vías seguras y legales tendrán acceso a todos los beneficios de la Convención de Refugiados de 1951.

Esta propuesta de ley quiere ser una respuesta al aumento en el número de migrantes irregulares que llegan a través del Canal de la Mancha. Según el Ministerio del Interior de Reino Unido, en 2021 se detectó la llegada de 28.526 personas en pequeñas embarcaciones, comparado con las 8.466 de 2020, las 1.843 de 2019 y las 299 de 2018.

Número de migrantes irregulares que llegan al Reino Unido en pequeñas embarcaciones, 2018-2021

Este aumento coincide con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que entró en vigor en febrero de 2020, y su consiguiente retirada del Convenio de Dublín. Estar fuera del Sistema de Dublín tiene como consecuencia que, si bien el Reino Unido ya no está obligado a aceptar traslados de solicitantes de asilo de los Estados Miembros, los Estados Miembros tampoco están obligados a aceptar solicitantes de asilo del Reino Unido. En ausencia del Sistema de Dublín y de cualquier acuerdo de readmisión sustitutivo con la UE, el Reino Unido tiene una capacidad muy limitada para devolver a los solicitantes de asilo, que es precisamente lo que convierte el país en un último recurso para muchas de estas personas. Tras argumentar que el Brexit permitiría al Reino Unido «recuperar el control de nuestras fronteras«, hasta ahora se ha demostrado lo contrario.

¿Ha sido este acuerdo un error?

El acuerdo del Reino Unido con Ruanda ha sido objeto de numerosas críticas, entre ellas las de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que ha instado a ambos países a replantearse el plan. Según ACNUR, hay cuatro preocupaciones principales.

En primer lugar, el Memorando de Entendimiento pretende «reforzar los compromisos internacionales compartidos en materia de protección de refugiados y migrantes», pero parece hacer exactamente lo contrario. El 85% de todos los refugiados ya son acogidos por países en vías de desarrollo e, incluso dentro de Europa, el Reino Unido sólo ocupa el séptimo lugar en cuanto al número absoluto de personas a las que da protección. Si consideramos las cifras relativas, el Reino Unido ocuparía el puesto 19. Empujar este número relativamente pequeño de refugiados que llegan al Reino Unido a países como Ruanda no parece la mejor manera de compartir la responsabilidad. Por otro lado, el MdE ignora el hecho de que la mayoría de los que llegan ilegalmente a través del Canal acaban siendo reconocidos como refugiados. Por lo tanto, el problema no es tanto que estos migrantes «se aprovechen del sistema», sino la falta de oportunidades para entrar legalmente y de manera regular en el Reino Unido.

Número de refugiados a los que Reino Unido ha reconocido el derecho de asilo cada 1000 habitantes, 2020.

En segundo lugar, el MdE afirma que «Ruanda ha estado acogiendo y dando refugio voluntariamente a cientos de miles de refugiados, ofreciendo sistemas adecuados de protección a los refugiados». En este sentido, es cierto que Ruanda acoge a decenas de miles de refugiados, en su mayoría procedentes de la República Democrática del Congo. También es cierto que Ruanda es uno de los diez países que han firmado el Marco Común de Respuesta a los Refugiados. Sin embargo, existen enormes diferencias entre la política y la práctica. A pesar de la legislación progresista de Ruanda y de su ambiciosa visión de autosuficiencia, en la práctica la mayoría de los refugiados siguen siendo dependientes de la ayuda humanitaria.

El desarrollo económico de Ruanda en los últimos diez años ha sido notable. Pero la imagen del país como ejemplo de desarrollo africano y de protección de los refugiados oculta una historia mucho más complicada de pobreza y desigualdad. El 38,2% de la población sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza y cerca de una quinta parte sufre inseguridad alimentaria. La pobreza en cinco de los seis distritos que acogen a los centros de refugiados es superior a la media nacional, y dos de ellos se encuentran entre los más pobres del país. Los refugiados sufren las mismas limitaciones de desarrollo que las comunidades de acogida: escasas oportunidades de empleo, educación de baja calidad y dependencia de la agricultura de bajos ingresos para subsistir.

En tercer lugar, Priti Patel, la promotora del MdE, afirma que los planes ayudarán a poner fin a la trata de personas y a la situación «profundamente injusta» que «favorece a quienes tienen medios para pagar a los traficantes de personas frente a las personas vulnerables que no pueden hacerlo». Esta afirmación también parece ir en contra de la evidencia y estudios recientes. Las investigaciones al respeto han demostrado en repetidas ocasiones que los planes como el que propone el Reino Unido no hacen sino agravar este problema. Al igual que el Reino Unido, también Israel intentó enviar refugiados a Ruanda sin éxito, ya que la mayoría de los trasladados no permanecieron en el país. Sin documentación y con una posición ambigua frente a las autoridades locales, se sentían inseguros y vulnerables a la explotación. Muchos decidieron arriesgarse y viajar a Europa a través de Sudán, Libia y el Mediterráneo y, para los contrabandistas, el acuerdo israelí creó un nuevo mercado. Es probable que el acuerdo del Reino Unido con Ruanda haga exactamente lo mismo.

Por último, el acuerdo es parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno británico que apunta a crear un “entorno hostil» para disuadir a los refugiados y otros inmigrantes a entrar en el país. Sin embargo, la evidencia apunta a que la relación entre la elaboración de políticas y la toma de decisiones de los migrantes es, en el mejor de los casos, inestable. Los refugiados rara vez tienen un conocimiento o una comprensión detallada de los procedimientos de asilo. Así lo confirman las propias investigaciones del Ministerio del Interior británico. Por otra parte, aunque los refugiados en el Reino Unido han expresado su preocupación ante el MdE, esto no significa que el acuerdo vaya a disuadir a los que están valorando hacer el viaje y que pueden percibir que las alternativas son aún peores.

Futuras implicaciones

Antes de su efectiva implementación, el acuerdo tiene que superar todavía muchos obstáculos legales. En primer lugar, el Reino Unido sigue vinculado por el derecho internacional y su obligación de cumplir la Convención de Ginebra respecto a ofrecer protección a las personas de los grupos más vulnerables, los menores no acompañados y los que tienen vínculos familiares en el país. Por otro lado, reubicar a los solicitantes de asilo para procesar sus solicitudes, y posiblemente no reubicarlos en caso de un resultado negativo, violaría el principio de no devolución (non-refoulement) que el gobierno debe respetar.

El acuerdo entre Ruanda y Reino Unido conlleva numerosas implicaciones desestabilizadoras, incluida la de crear nuevas tensiones entre el gobierno británico y los países de la UE, considerando las fuertes críticas expresadas por la Comisión Europea. La aplicación del acuerdo demostraría erróneamente que la externalización y la desresponsabilización hacia terceros países es algo posible, enmascarando dicha política como una herramienta de protección motivada en el marco de la financiación de la cooperación al desarrollo.

Se trata de una retórica que socava el concepto de asilo territorial en apoyo de acciones que siguen cada vez más una línea de cierre ante la migración, y tras la cual se esconden países como el Reino Unido, que descuidan precisamente las inversiones necesarias para estabilizar un sistema de acogida de refugiados que se encuentra actualmente bajo mucha presión.

En conclusión, pese a que los estamentos políticos del Reino Unido han tratado de justificar la firma de este acuerdo bajo premisas humanitarias, la experiencia y la evidencia histórica en otros países nos demuestra que acuerdos de este tipo no solo fracasan a la hora de atajar el problema de la inmigración ilegal, sino que pueden resultar en un agravamiento de la situación al forzar a los migrantes a tomar rutas alternativas más arriesgadas con la ayuda de mafias y traficantes de seres humanos.