Balance del primer año de la ley de la eutanasia

24/03/2022
Foto: Pixabay.

Este mes de marzo se cumple un año de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Se trata de una ley que legaliza y regula el derecho a la eutanasia en España. Coincidiendo con el primer aniversario del texto, compartimos tres reflexiones sobre el primer año de la ley de la eutanasia de la mano de Daniel Rueda, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud y director del máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC, y Josep Maria Tamarit, profesor e investigador principal del grupo VICRIM de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

1. La aprobación de la ley de la eutanasia ha sido un paso importante para España

Con la aprobación de la ley de la eutanasia, España se suma a otros países de Europa que contemplan este derecho, como los Países Bajos y Bélgica. Esta ley quiere dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia. El término eutanasia significa etimológicamente ‘buena muerte’ y puede definirse como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y para evitar un sufrimiento.

Según el profesor Josep Maria Tamarit, «la aprobación de la ley de la eutanasia es síntoma de un proceso de evolución y maduración de la sociedad y la medicina que implica que cada vez haya más situaciones en las que las personas no queremos encontrarnos y que, ante esta situación, pueda haber una vía que dé respuesta al derecho o la voluntad de las personas que quieren poner fin a su vida». Por su parte, Daniel Rueda destaca que «la ley recoge el sentido de una sociedad abierta que apuesta por la buena calidad de vida, pero que prevé que, cuando la vida no tiene sentido para una persona, esta pueda tener derecho a decidir si ponerle fin o no».

Ahora bien, ¿qué regula la ley de la eutanasia? Tamarit explica que el texto «establece un procedimiento por el que una persona que se encuentra en una determinada situación de sufrimiento excepcional pueda solicitar una prestación de ayuda a morir». «La norma es muy garantista y quiere evitar que puedan tomarse decisiones precipitadas o que el proceso de resolución recaiga en manos de un único profesional», añade.

Sin embargo, ambos profesores coinciden en que, «un año después de la aprobación del texto, todavía es difícil hacer un balance de cómo se ha gestionado la eutanasia, ya que actualmente se dispone de muy pocos datos y estadísticas sobre los casos que se han llevado a cabo».

2. La ley de la eutanasia aporta garantías a los profesionales de la salud

El profesor Daniel Rueda apunta que «la ley reconoce un derecho personal, el derecho a recibir ayuda para morir, que se convierte en una nueva prestación incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)». Esto significa que «despenaliza la actuación de profesionales sanitarios o cualquier otra persona que preste auxilio a quien quiera acabar con su vida, siempre que se cumplan determinados requisitos: que la persona sea mayor de edad; resida en España; tenga una enfermedad o sufrimiento grave, crónico e incurable; sea capaz y consciente, y exprese su deseo de forma escrita». «Como ley, exige también que se cumplan determinados requisitos formales: plazos, solicitudes escritas por las personas afectadas, valoración del médico responsable y del médico consultor, y valoración de la Comisión de Garantías y Evaluación», añade Rueda.

Por este motivo, el profesor de la UOC asegura que «la ley de la eutanasia aporta una mayor garantía sobre la actuación de los profesionales de la salud, puesto que lo que hasta el momento estaba definido como conducta punible en el código penal, ahora, con la ley de la eutanasia, deja de serlo y pasa a ser un derecho de las personas a decidir poner fin a su vida». En este sentido, y gracias a la nueva normativa, «los profesionales pueden ser conscientes de cuáles son las necesidades y ventajas que la ley de la eutanasia puede aportar como garantía de su trabajo y de cuál es el papel que deben desempeñar en este proceso».

En un sondeo rápido elaborado con profesorado y estudiantado del máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC, se recogieron algunas opiniones de profesionales de tres grupos diferenciados: los que se dedican a la docencia, los que desempeñan su trabajo dentro del sistema de servicios sociales y los que trabajan en el sistema de salud. Todos ellos consideran que la ley de la eutanasia era necesaria, aunque con puntuaciones algo distintas. También existe sintonía en la percepción sobre la importancia de los aspectos morales y religiosos en las decisiones sobre la eutanasia, tanto en pacientes como en familiares. Los profesionales también creen que la ley tiene más acogida cuando se trata de personas con enfermedades degenerativas, como tetraplejia o esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que en personas de edad avanzada en fase terminal.

3. La objeción de conciencia del personal médico como límite de la aplicación de la ley 

La ley prevé la objeción de conciencia del personal médico que no quiera practicar la eutanasia o participar en ella. «Para hacerlo, el personal médico debe comunicarlo con un tiempo suficiente para que pueda respetarse su derecho a objeción de conciencia y pueda encontrarse la manera de que el paciente pueda tener esta prestación de ayuda a morir», expone Tamarit.

«Hasta ahora, no se ha detectado que haya una situación de objeción de conciencia generalizada, puesto que el colectivo médico ha evolucionado: hasta hace unos años se creía que el médico solo tenía la misión de salvar la vida de los pacientes; ahora, con la ley de la eutanasia, también pasa a ayudar y respetar la voluntad de los pacientes que se encuentran en las circunstancias establecidas por la normativa», concluye Tamarit.

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