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Las sociedades contemporáneas han vivido el progresivo deterioro del planeta bajo un aparente “efecto espectador” generalizado, contemplando este fenómeno como si fuera un problema que, a la vez, fuera ajeno, de todos y de nadie. Esta pasividad nos ha situado en una posición alarmante. Tal como ha puesto de manifiesto el concepto de los nueve límites planetarios, la capacidad de regeneración del planeta y de sus recursos naturales se encuentra en un callejón sin salida, un punto al límite del no retorno.¹

Muchas de las consecuencias visibles de la profunda crisis ambiental en la que nos encontramos inmersos comparten su origen común, la acción humana: la desaparición de espacios naturales tales como bosques, deltas y humedales; la pérdida acelerada de biodiversidad por la sobreexplotación de recursos; el impacto del cambio climático, que intensifica fenómenos extremos como sequías e inundaciones; la contaminación de aguas y suelos con fertilizantes y desechos industriales… Aun así, hay que recordar que son solo algunas consecuencias visibles de un iceberg más profundo. 

En este contexto en que los Estados oscilan entre la urgencia y el rol de espectador, el Tribunal Constitucional español (TC) ha resuelto un caso trascendental que pone en el centro del debate la innovación jurídica para priorizar la sostenibilidad ambiental. En su decisión respecto al Recurso de Inconstitucionalidad n.º 8583-2022, contra la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor, el TC se ha posicionado en favor de la interpretación evolutiva que redefine la relación jurídica del ser humano y la naturaleza, adoptando un rol de liderazgo jurisprudencial. Esta sentencia marca un precedente único en el derecho ambiental en España y más allá.

Contexto del caso: la protección legal del Mar Menor

Considerada la laguna salada más grande de Europa, el Mar Menor ejerce un papel capital en la biodiversidad del continente, puesto que acoge especies endémicas, hábitats singulares y especies en peligro de extinción. A pesar de su relevancia, el Mar Menor ha sufrido una severa degradación a causa de una eutrofización grave (exceso de nutrientes, generalmente derivado de la actividad agrícola), que provoca hipoxia (bajo nivel de oxígeno) y anoxia (ausencia total de oxígeno) en el agua. Esta severa degradación del Mar Menor y sus humedales a manos de la acción humana ha causado un grave impacto en su biodiversidad.²

Para frenar esta crisis, el Parlamento aprobó la Ley 19/2022, una norma que convierte el ecosistema del Mar Menor en sujeto poseedor de derechos propios, no simplemente en un objeto a disposición del ser humano. Impulsada por una iniciativa legislativa popular, la Ley 19/2022 reconoce los siguientes derechos al Mar Menor como sujeto:

1. El derecho a existir y evolucionar naturalmente, que se centra en el respeto al orden ecológico intrínseco que sustenta el Mar Menor, para garantizar su equilibrio ecológico propio.
2. El derecho a la protección, que implica la necesidad de limitar, parar y no autorizar (de inicio) aquellas actividades que supongan un riesgo o perjuicio para el ecosistema.
3. El derecho a la conservación, que incluye llevar a cabo iniciativas para preservar las especies que habitan el ecosistema, poniendo el énfasis en la gestión activa de los hábitats naturales a efectos de garantizar su continuidad.
4. El derecho a la restauración, que se activa cuando, a pesar de los otros tres derechos, el Mar Menor sufre daños significativos. Implica la necesidad de llevar a cabo estrategias para reparar y regenerar el ecosistema, asegurando su dinámica natural y su resiliencia.

Como importante innovación, para garantizar que estos derechos no queden relegados a una función puramente declarativa, la ley permite a cualquier persona, física o jurídica, defender judicialmente los derechos del Mar Menor (art. 6).

Un cambio de paradigma: el valor intrínseco de la naturaleza vs. una visión utilitaria

Frente a la aprobación de la Ley 19/2022, 52 diputados de Vox interpusieron un recurso de inconstitucionalidad, sosteniendo (entre otras cosas) que el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y el hecho de reconocerle derechos suponía una equiparación inadecuada de la naturaleza con los seres humanos, otorgando a un ecosistema una dignidad que, según los 52 diputados, la Constitución reserva exclusivamente a las personas (art. 10.1 CE). Además, sostenían que algunos derechos reconocidos a la ley eran demasiado indeterminados, generando incertidumbre jurídica sobre su aplicación (art. 9.3 CE). Sin embargo, el TC ha avalado su constitucionalidad y ha destacado su legitimidad como una respuesta innovadora y necesaria ante la crisis ambiental.

El Tribunal Constitucional reconoce que el derecho debe evolucionar para abordar los retos medioambientales globales. La sentencia valora y defiende la importancia de situar la naturaleza en el centro del debate jurídico, reconociéndole su valor intrínseco independientemente de su utilidad para los humanos. De hecho, el Tribunal Constitucional argumenta que la Ley 19/2022 supone una evolución el derecho español, trasladando el paradigma de protección de la naturaleza “desde el antropocentrismo más tradicional a un ecocentrismo moderado”, y reflexiona sobre este cambio de paradigma a escala global. 

Esta defensa se fundamenta en la jurisprudencia internacional y en ejemplos de derecho comparado, como el reconocimiento de los derechos del río Whanganui en Nueva Zelanda y la Pachamama en Ecuador. El TC argumenta que estos casos sirven de precedente para la Ley 19/2022, si bien la ley representa una vía innovadora a escala europea cuando reconoce la personalidad jurídica del Mar Menor, convirtiéndolo en un sujeto de derecho con capacidad para defender judicialmente sus intereses. El TC destaca que la adopción de un marco jurídico que prioriza la protección medioambiental como un fin en sí mismo refuerza el valor intrínseco de la naturaleza y su preservación independiente de los intereses humanos, alineándose así con los nuevos paradigmas ecocéntricos que se reflejan en el derecho internacional y en los principios que lo rigen. 

Sin embargo, esta visión contrasta con la interpretación del voto particular y de determinados sectores no minoritarios de la sociedad, que mantienen todavía una visión antropocéntrica y utilitaria de la naturaleza. Esta perspectiva subordina el valor y el interés de la naturaleza al interés humano y a la maximización de su bienestar. Al amparo de este enfoque, la protección ambiental debería estar subordinada a los intereses humanos, priorizando la explotación racional de los recursos y rechazando el reconocimiento de derechos subjetivos a los ecosistemas.

Aun así, incluso si se aceptara la perspectiva de la superioridad del interés humano como premisa indiscutible (lo que, en opinión de las autoras suscribientes, no quedaría justificado), la experiencia de la comunidad internacional en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en primer lugar y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible posteriormente constata que el ser humano no es capaz de gestionar de manera racional la explotación de los recursos.

Reflexiones finales

Vivimos un momento de impacto ecológico global en el que ni las agendas internacionales más exitosas en términos de aceptación (ODS) han conseguido frenar las amenazas que afectan los ecosistemas a escala mundial y nacional. A escala internacional, la comunidad reconoce las crisis ecológicas como un problema de todos, pero pocos Estados se toman la protección ecológica como una responsabilidad propia, urgente y que requiere medidas trascendentales que no estén condicionadas por ponderaciones con potenciales impactos por los sectores económicos. El tiempo para los equilibrios ya se ha agotado, y la urgencia ambiental ya no deja margen de maniobra para tales ponderaciones. La alternativa no es la pobreza medioambiental: es la desaparición. 

Desde la sobreexplotación y la eutrofización de los acuíferos y los recursos hídricos en Doñana y en el delta del Ebro hasta los impactos de la sobrepesca y la contaminación marina en Canarias, el litoral mediterráneo y las islas Baleares, España es un ejemplo paradigmático de los impactos antropológicos sobre el medio ambiente. El reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor no solo abre la puerta a nuevas formas de garantizar la protección legal de los espacios naturales en España, sino que reconfigura la posición de la naturaleza dentro de nuestro sistema. Además, esta iniciativa tiene el potencial de convertirse en un modelo inspirador y transformador en Europa para proteger de manera efectiva otros ecosistemas críticos y asegurar su supervivencia para las generaciones futuras.

1.  Katherine Richardson et al., “Earth beyond six of nine planetary boundaries” (2023) <https://www.science.org> ↩︎
2.  Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, “Informe Integral sobre el estado ecológico del Mar Menor” (13 febrero 2017) <https://canalmarmenor.carm.es/informe-integral-sobre-el-estado-ecologico-del-mar-menor/>, acceso 17 enero 2025; María Elorza Saralegui y Ronald Rodrigues, “Mar Menor: cleaning Europe’s largest saltwater lagoon” (12 octubre 2023) <https://www.bbc.com/future/article/20231010-mar-menor-saving-europes-largest-saltwater-lagoon>, acceso 17 enero 2025. ↩︎

Modern societies have experienced the progressive deterioration of the planet through the filter of an apparently widespread «bystander effect», regarding it as a problem that affects others, everyone and no one. This passivity has left us in an alarming position. Studies of the nine planetary boundaries show that the planet’s natural resources and its capacity for regeneration are approaching the point of no return. [1]

Many of the visible consequences of the profound environmental crisis in which we find ourselves have a common origin in human action, including the disappearance of natural spaces such as forests, deltas and wetlands, the accelerated loss of biodiversity due to the overexploitation of resources, the impact of climate change (which intensifies extreme phenomena such as droughts and floods), and the contamination of water and soil with fertilizers and industrial waste. But these visible consequences are only the tip of the iceberg.

In a context in which states hover between the need for urgent action and the role of bystander, the Spanish Constitutional Court has ruled on an important case that places a new legal approach at the centre of the debate in order to prioritize environmental sustainability. In its decision regarding the Appeal of unconstitutionality no. 8583-2022, against Law 19/2022, of 30 September, on the recognition of the legal personality of the Mar Menor, the Court has come down on the side of an evolutionary interpretation that redefines the legal relationship between human beings and nature, adopting a role of jurisprudential leadership. This ruling sets a unique precedent in environmental law in Spain and beyond.

Background to the case: the legal protection of the Mar Menor

Considered the largest saltwater lagoon in Europe, the Mar Menor plays a key role in the continent’s biodiversity, as it is home to endemic species, unique habitats and endangered species. Despite its importance, the Mar Menor has suffered major degradation due to severe eutrophication (excess nutrients, mainly from agriculture), which causes hypoxia (low oxygen levels) and anoxia (total absence of oxygen) in the water. The grave damage caused by human action to the Mar Menor and its wetlands has had a serious impact on biodiversity. [2]

To deal with this crisis, the Spanish parliament approved Law 19/2022, a regulation designating the Mar Menor ecosystem as a subject with its own rights, not simply an object at the disposal of human beings. Launched as a popular initiative, Law 19/2022 recognizes that the Mar Menor has the following rights as a subject:

1. The right to exist and evolve naturally, focusing on respect for the intrinsic ecological order that sustains the Mar Menor, to ensure its ecological balance.
2. The right to protection, which implies the need to limit, stop and not authorize (from the start) activities that may endanger or damage the ecosystem.
3. The right to conservation, which includes carrying out measures to preserve the species that inhabit the ecosystem, with an emphasis on the active management of natural habitats in order to guarantee their continuity.
4. The right to restoration, which is activated when, despite the other three rights, the Mar Menor suffers significant damage. It implies the need to implement strategies to repair and regenerate the ecosystem, ensuring its natural dynamics and resilience.

A key innovation, in order to ensure that these rights are not relegated to a purely declaratory status, is that the Law allows any person, natural or legal, to defend the rights of the Mar Menor in court (Art. 6).

A paradigm shift: the intrinsic value of nature versus a utilitarian vision

When Law 19/2022 was approved, 52 members of parliament from the Vox party filed an appeal of unconstitutionality, arguing (among other things) that recognizing the Mar Menor’s legal personality and rights wrongly implied an equivalence of nature with human beings, granting an ecosystem a dignity that, according to these 52 MPs, the Constitution reserves exclusively for people (Spanish Constitution Art. 10.1). They also argued that some rights recognized in the law were too indeterminate, generating legal uncertainty about their application (Spanish Constitution Art. 9.3). However, the Constitutional Court has endorsed the constitutionality of the law, stressing that the ruling is an innovative and necessary response to the environmental crisis and therefore legitimate.

The Constitutional Court recognizes that the law must evolve to address global environmental challenges. The ruling values and defends the importance of placing nature at the centre of the legal debate, recognizing its intrinsic value irrespective of its usefulness for humans. Indeed, the Constitutional Court argues that Law 19/2022 shows that Spanish law is evolving, transferring the paradigm of protecting nature «from the most traditional anthropocentrism to a moderate ecocentrism», and reflects on this paradigm shift on a global scale.

This defence is based on international jurisprudence and examples of comparative law, such as the recognition of the rights of the Whanganui River in New Zealand and the Pachamama in Ecuador. The Constitutional Court argues that these cases serve as a precedent for Law 19/2022, although the law represents an innovative step at the European level by recognizing the legal personality of the Mar Menor, making it a subject of law with the capacity to defend its interests judicially. The Constitutional Court stresses that the adoption of a legal framework that prioritizes environmental protection as an end in itself reinforces the intrinsic value of nature and its preservation regardless of human interests, aligning itself with new ecocentric paradigms that are reflected in international law and the principles that govern it.

This opinion, however, clashes with the dissenting opinion and that of certain large sectors of society, which still view nature from an anthropocentric and utilitarian perspective that subordinates the value and interests of nature to human interest and maximizing human well-being. According to this approach, human interests should come before environmental protection, prioritizing the rational exploitation of resources and rejecting the recognition of ecosystems’ rights as subjects.

However, even if we accepted the superiority of human interest as an indisputable premise (which, in our opinion, cannot be justified), the international community’s experience of implementing the Millennium Development Goals and, subsequently, the Sustainable Development Goals suggests that humanity is not capable of rationally managing the exploitation of resources.

Final reflections

We are living in a time of global ecological impact where not even the most widely accepted international agendas (SDGs) have succeeded in curbing the threats that affect ecosystems on a national or global scale. The international community recognizes ecological crises as everyone’s problem, but few states make ecological protection their own urgent responsibility, requiring momentous measures that are not conditioned by consideration for their potential impact on economic sectors. The time for balancing acts has run out, and the environmental emergency no longer leaves room for such manoeuvring. The alternative is not environmental poverty: it is extinction.

From the overexploitation and eutrophication of aquifers and water resources in Doñana and the Ebro Delta, to the impact of overfishing and marine pollution in the Canary Islands and the Balearic Islands and along the Mediterranean coast, Spain is a paradigmatic example of anthropological impact on the environment. The recognition of the legal personality of the Mar Menor not only opens the door to new ways of guaranteeing the legal protection of natural spaces in Spain, but also reconfigures the position of nature within our system. This initiative also has the potential to become an inspiring and transformative model in Europe, to effectively protect other critical ecosystems and ensure their survival for future generations.

[1] Katherine Richardson et al., ‘Earth beyond six of nine planetary boundaries’ (2023) <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458>.

[2] Mar Menor Scientific Advisory Committee, ‘Informe Integral sobre el estado ecológico del Mar Menor’ (13 February 2017) <https://canalmarmenor.carm.es/informe-integral-sobre-el-estado-ecologico-del-mar-menor/> accessed 17 January 2025; María Elorza Saralegui and Ronald Rodrigues, ‘Mar Menor: cleaning Europe’s largest saltwater lagoon’ (12 October 2023) <https://www.bbc.com/future/article/20231010-mar-menor-saving-europes-largest-saltwater-lagoon> accessed 17 January 2025.