Los grandes retos del Japón pospandémico

El pasado día 4 de octubre de 2021 Fumio Kishida, del Partido Liberal Democrático (PLD) substituía a Yoshihide Suga como Primer Ministro de Japón. Tan solo unas semanas después, y tras convocar elecciones anticipadas en la Dieta Nacional (el poder legislativo japonés), Kishida conseguía renovar la confianza por parte de unos electores que volvían a votar masivamente al oficialista PLD, el partido que ha estado en el poder 63 de los últimos 66 años de la historia del Japón contemporáneo. A pesar de la holgada mayoría absoluta conseguida, para Kishida gobernar el Japón pospandémico será una tarea ardua y deberá enfrentarse al menos a dos grandes retos.

El primer gran reto que deberá abordar Kishida es el demográfico. Japón es desde hace décadas una de las sociedades con una población más longeva, y antes de la pandemia Japón contaba, junto con San Marino, con la población con una esperanza de vida  mayor de todo el planeta (84 años). Tal y como vemos en la siguiente imagen, esta longevidad tiene un impacto en la pirámide de población de Japón, que es cada vez más delgada en las franjas de edad de 0 a 30 años, y cada más gruesa entre la población de 45 a 75 años.

Ahora bien, los excelentes resultados en el capítulo de esperanza de vida esconden uno de los grandes y más complejos retos a los que se debe enfrentar Japón: su pérdida poblacional.  Desde 2010 el país no solamente está perdiendo población, sino que de seguir sus bajas cifras de fertilidad pasará de tener 126 millones de habitantes actuales a los 100 millones para el año 2049 (Según proyecciones del National Institute of Population and Social Security Research,). Si en los años noventa, la carga para pagar las pensiones de dos jubilados se repartía entre 4 trabajadores, en el año 2025 lo va a soportar solo un trabajador.  Ahora bien, ¿qué explica esta tendencia de pérdida poblacional sostenida en el tiempo? Fundamentalmente la inexistencia de políticas de apoyo a la natalidad y la ausencia de unas claras políticas de inmigración.

Por una parte, Japón no es un país del bienestar tal y como lo entendemos en Europa, y el sustento para el cuidado de sus hijos proviene fundamentalmente de la mujer. La mujer japonesa es la que asume la crianza de sus hijos, y ello se observa visualmente en la llamada Curva en forma de M de la mujer japonesa. Como demuestra el siguiente gráfico, las mujeres japonesas entran en el mundo laboral a partir de los 16 años y la cifra sigue en aumento hasta la edad del matrimonio, en la que las mujeres japonesas empiezan a desengancharse de dicho mercado laboral. Tras pasar varios años sin trabajar, y una vez han criado a hijos, vuelven al mercado laboral en el que les esperan trabajos precarios. Aunque esta curva en los últimos ha empezado a  cambiar, la persistencia de la forma de M del gráfico  demuestra que la mujer japonesa que quiere seguir trabajando tiene pocos incentivos en casarse, puesto que una vez contraen matrimonio, el tener hijos significa en muchos casos dejar de trabajar. El resultado es una tasa de fecundidad de las más bajas del planeta (1,36 hijos), muy por debajo del 2.1 necesario para producirse el relevo generacional. 

Junto con la falta de apoyo gubernamental a las familias japonesas para incentivar la natalidad, la tasa de inmigración neta (0.5) es relativamente baja si la comparamos con otros países como España (0.8), Dinamarca (2.6), Reino Unido (2.9) o Alemania (3.6). A la tradicional mentalidad de Shimaguni  (島国) o “mentalidad insular” debemos añadirle la falta de una clara política de inmigración. En los últimos años, es cada vez más habitual ver trabajadores de Vietnam, Irán,  Pakistán o China en la mayor parte de los konbini o tiendas de conveniencia japonesa. Además, el gobierno japonés ha empezado a aceptar la llegada de trabajadores cualificados en determinados sectores en los que hay una falta de mano de obra como son la agricultura (la edad media de los agricultores es ya de 66 años), la construcción, el sector sanitario o el cuidado de los ancianos. Ahora bien, Japón deberá consensuar una política de llegada de la inmigración que incorpore lo que algunos gobiernos locales llevan años aplicando, el llamado tabunka kyosei (多文化共生)  o la estrategia de conseguir “muchas culturas viviendo juntas”. Dicho de otra forma, Japón deberá aprobar políticas de inmigración multiculturalistas que permitan el reconocimiento de los derechos específicos culturales de los grupos inmigrados.

El otro gran reto al que debe enfrentarse el nuevo gobierno Kishida y no menos importante es como gestionar el ascenso de China como potencia del sistema internacional. Japón es desde el final de la Segunda Guerra Mundial un país con una Constitución pacifista que consagra en su artículo 9 la prohibición de mantener cualquier tipo de potencial bélico de tierra, mar y aire. Además, el derecho de beligerancia no le está permitido. Desde entonces y durante toda la Guerra Fría mantuvo un perfil político de seguridad bajo, y un perfil económico de primer orden. La metáfora del “Japón S.A” o “país mercantilista” atestiguaba como Japón mantenía las cuestiones de la seguridad internacional en manos de su gran aliado los Estados Unidos, quienes gracias a sus bases militares en Okinawa, en el sur del país, podían defender a Japón ante cualquier agresión. Además, en 1954, se aprobó la creación de unas Fuerzas de Autodefensa que debían convertirse en un escudo defensivo para ejercer la legítima defensa consagrada en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.

Sin embargo, este modelo no estaba preparado para el mundo de postguerra fría. Desde que China acometiera las reformas económicas que le han permitido ya en 2009 incluso superar a Japón como segunda superpotencia económica, el gobierno japonés delibera como debe afrontar el ascenso de China. Japón no es suficientemente fuerte para lidiar con esta tarea -solo los Estados Unidos tienen la capacidad militar para hacerlo- , y no es lo suficientemente débil como para admitir la superioridad económica y política de China y convertirse en su nuevo aliado. Tokyo, en cambio, admite seguir una suerte de política evasiva (en inglés, hedging strategy), una política exterior intermedia que sin renunciar a la alianza con los Estados Unidos, y conscientes de la debilidad de Washington, trata de maximizar su relación económica con China, especialmente a través de la inversión y el comercio. El primer ministro Fumio deberá decidir si sigue esta estrategia de cooperación con China, a la vez que se cubre las espaldas con la alianza con los Estados Unidos ante cualquier amenaza que China suponga en un futuro. Kishida bien podría ofrecer neutralidad a su principal socio comercial, China, para evitar no alterar el equilibrio de poder del Este asiático.