El anillo de Möebius y la (in)seguridad

Cuando llegue el Crepúsculo de los Dioses, la serpiente devorará la tierra, y el lobo, el sol.

(Jorge Luís Borges)

El anillo de Möebius, descubierto en 1858 por los matemáticos alemanes A.F. Möebius y J.B. Listing, está formado por una superficie geométrica de una sola cara. El anillo tiene unas características matemáticas muy interesantes: sus propiedades no varían cuando se las somete a cierto tipo de transformaciones continuas. A estas propiedades de inalterabilidad se las llama homeomorfismos. Los alquimistas en la antigüedad lo representaban con el Uróboro, la serpiente que se muerde la cola. Por ello se usa para simbolizar la naturaleza cíclica de muchos procesos.

Podemos construir una maqueta del anillo tomando una tira de papel, cuyos extremos se han unido, y girándolos para formar un bucle. Si dibujamos con un lápiz una línea a lo largo de la tira de papel que comience en el punto de unión de ambos extremos, esta línea llegará al punto de inicio, pero en el lado opuesto. Nada nuevo.

Políticas, modelos y cuerpos

El análisis formal de las políticas de seguridad, de los modelos policiales y de los cuerpos de seguridad es, en si, complejo. De la misma manera, resulta muy compleja la interrelación de las normas y leyes sobre la (in)seguridad (fundamento básico de dichas políticas, modelos y cuerpos) debido a la prelación entre unos y otros poderes del estado respecto de sus competencias (lucha contra la criminalidad, mantenimiento del orden público y garantía de la seguridad nacional)

Hay autores que abordan dicho análisis como si se trataran de espacios estancos y diferenciados y quienes lo tratan como si los tres conformaran una única realidad. Pero ninguna de las dos fórmulas nos da la pista sobre el homeomorfismo, una de las principales propiedades que determina la génesis de los modelos, los sistemas y los cuerpos de seguridad, puesto que en su análisis formal no está la respuesta a sus objetivos y a sus estrategias.

Veamos. Formalmente, las políticas de seguridad se deben a la voluntad y a la acción política de los gobernantes que las desarrollan a través de las decisiones que toman con la finalidad de transformar la realidad en función de sus propios intereses (Recasens 2007).

Los modelos policiales, en cambio, se definen por las leyes que los regulan y están vinculados a la estructura del estado y al modelo de administración en el cual se desarrollen (de Hobbes a Weber). Pudiéndose establecer dos grandes modelos de estado, los de influencia continental y los de influencia anglosajona. Y en función de ese marco jurídico y del modelo de estado, se corresponderá a un modelo policial concreto.

Los cuerpos de seguridad responden a otros parámetros. Algunas clasificaciones los relacionan con su estructura y jerarquía: modelos profesionales, militarizados o comunitarios. Autores como Monjardet o Reiner, han establecido una definición muy efectiva para su clasificación a partir del análisis de sus funciones principales: investigación, criminal, orden público y seguridad ciudadana, etc., que los relaciona con las características políticas de los estados en los cuales se desarrollan. Otros autores, como Recasens, los sitúan en un estadio organizativo gremial, que no ha sido superado todavía, con todos los anacronismos que ello supone a la hora de analizarlos.

Durkheim planteaba que la lucha contra la criminalidad común, que suele dar a los cuerpos policiales su legitimación social, tiene una finalidad funcional (Durkheim, 1999) y basta con mantenerla esa lucha en unos niveles sostenibles para la percepción de la ciudadanía (sobre todo para garantizar la propiedad privada, que no el bien común).

Quedan, por tanto, fuera de los ojos del ciudadano (y de esa funcionalidad) los grandes delitos (el crimen organizado, el tráfico de drogas, de personas, de armas y de divisas, que no forman nunca parte de la cesta de los hechos penales que conforman las encuestas y estadísticas sobre la inseguridad), el control del orden público y, por supuesto, la seguridad nacional (Valentín, 2021).

La seguridad nacional

Garantizar la seguridad nacional, que podría definirse como un concepto jurídico indeterminado o como un cajón de sastre, es un mandato compartido por todas las fuerzas al servicio del estado: policía, ejército y servicios de inteligencia y también por el poder judicial y por los gobiernos y puede referirse a cualquier cuestión que el estado considere que lo pone en peligro. Por ejemplo, el estado español considera que el independentismo catalán (y el vasco) supone ese peligro y por ello lo persigue.

En la garantía de la seguridad nacional participan directamente, al menos, dos de los tres poderes del estado heredero de la ilustración: poder ejecutivo (y sus órganos operativos: policía, ejercito, servicios secretos) y poder judicial (jueces y tribunales). Porque el tercer poder (legislativo) apenas tiene algún control formal sobre las actividades de los otros dos poderes respecto de la seguridad nacional. Y eso supone un grave desequilibrio político.

Aquí aparece el problema principal sobre la prelación entre los poderes del estado antes mencionada, puesto que la modificación, reforma o mejora para regular los instrumentos de garantía de la seguridad nacional y de los derechos fundamentales de la ciudadanía (por poner un caso) requiere no colisionar con el marco legal de otros poderes del estado, como por ejemplo las actividades de la policía o los servicios de inteligencia por mandato judicial, ya que afectan a todos los servicios del estado, sean del rango territorial que sean, porque están bajo la dependencia funcional de tribunales, magistrados, jueces y fiscales.

Y entonces llego Pegasus

Que los estados nos han espiado siempre, ya lo sospechábamos: escuchas telefónicas, la intervención de las comunicaciones que podían tener apariencia de legalidad o no, o con la infiltración policial en cualquier grupo considerado potencialmente peligroso para la seguridad nacional.

Pero los avances tecnológicos tienen sus servidumbres y dejan rastro. Y de ese modo, aquella sospecha antigua de que nos espiaban ha quedado demostrada de manera fehaciente al haberse descubierto a Pegasus, un spyware creado por exmilitares israelíes especialistas en espionaje, que venden el producto a los gobiernos para garantizar la seguridad nacional de sus respectivos países, o al menos eso dicen en sede parlamentaria.

Se conoce su uso desde 2016 y su tecnología supone un salto cualitativo respecto de los modelos de espionaje estatal tradicionales, puesto que tienen una característica que lo diferencia de sistemas anteriores (cuestiones de avance tecnológico), ya que puede llevar a cabo acciones, como por ejemplo mantener conversaciones o enviar mensajes suplantando a la persona espiada, a través del control remoto de su ordenador o su teléfono, invadiendo su intimidad y afectando a casi todos sus derechos fundamentales.

Por poner un ejemplo significativo (y reciente). Hay pruebas de que el estado español ha espiado con Pegasus a dirigentes y lideres políticos y sociales catalanes por el hecho de ser independentistas, es decir por sostener una posición que los poderes del estado consideraron que ponía en peligro la seguridad nacional de España.

Con esas evidencias podemos afirmar que los poderes del estado y sus instrumentos operativos vigilan y castigan penalmente la disidencia política y social en nombre de la seguridad nacional.

La garantía de los derechos de la ciudadanía

Eran execrables los métodos extrajudiciales de persecución de la disidencia política (desapariciones en tiempos del GAL), los juicios sin garantías (Bateragune, Altsasu o el Procés catalán) el uso desmedido de la violencia policial en la vía pública (manifestaciones, desalojos, desahucios), en una palabra, la guerra sucia como defensa del statu-quo y el uso de la warefare como forma de lucha del estado contra la disidencia política a fuerza de leyes destinadas a asfixiar la protesta (Maqueda Abreu, 2015).

Pero la llegada de sistemas de spyware (Pegasus, y otros programas similares) y su utilización por parte del deep-state, lleva a disolver, como lágrimas en la lluvia, la seguridad jurídica, las garantías procesales, la objetividad del poder judicial, la confianza en el estado de derecho y el pacto social. En una palabra, el funcionamiento del propio sistema y del equilibrio democrático.

Sobre estos casos mencionados se han dictado revisiones de juicios (Procés catalán) y/o sentencias judiciales condenatorias del TSJUE (caso Beteragune) e informes de los organismos europeos sobre la mala calidad democrática del estado español. Todas ellas con anterioridad a la constatación del uso de sistemas de spyware (como Pegasus).

Derecho a protestar y a disentir

Hace más de una década, en marzo de 2011, la desafección ciudadana hacia el funcionamiento del sistema llenó las plazas del estado español de indignación; hace cuatro años, en octubre de 2017, dos millones de catalanas y catalanes se enfrentaron al estado y a la violencia policial en el acto de desobediencia pacifica masivo más importante de la historia del país. Porque la gente tiene derecho a protestar y a disentir de las políticas de cualquier estado. Y las soluciones a los conflictos deben tener soluciones políticas (Vitale, 2021) y no securitarias ni policiales.

No ponemos en tela de juicio la honestidad e imparcialidad de jueces y policías, ponemos en tela de juicio el Sistema de Justicia Criminal en su conjunto, el Deep-state corrupto y las fuerzas políticas que lo alimentan. Un sistema que permite espiar, acusar, detener, juzgar y condenar a cualquiera que sea considerado un peligro para el estado, amparado unas veces en la ley y otras veces utilizando a su conveniencia los recursos públicos y/o los sistemas electrónicos invasivos (spyware) para legitimarse en el poder, asustar a la ciudadanía y modificar la voluntad popular amparados en la defensa de la seguridad nacional.

Con Pegasus, ha quedado al descubierto (y certificado) que el uróboro, la serpiente que se muerde la cola, actúa sin control desde los márgenes del sistema y con ello, todas las actuaciones y actividades del estado en materia de inseguridad han quedado deslegitimadas