La gobernanza de datos: un reto para las administraciones públicas

22 junio, 2021
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El Congreso de Internet Derecho y Política de este año tratará, entre otros temas, el papel de la gobernanza de datos en las administraciones públicas con la contribución de diferentes académicos y expertos que debatirán sobre esta cuestión en un formato de mesa redonda abierta al público el próximo día 30 de junio.

Las tecnologías digitales han alimentado la revolución de los datos. Cada día producimos enormes cantidades de información que permiten medir y parametrizar nuestras acciones y comportamiento con múltiples aplicaciones y finalidades. Pensamos, por ejemplo, en los datos que generamos a través de los teléfonos móviles mientras nos desplazamos y que permiten captar en tiempo real el uso del transporte y las infraestructuras viarias.

Para los investigadores, el mundo digital abre una ventana privilegiada para observar directamente el comportamiento de las personas como no había sido posible hasta ahora. También es una gran oportunidad para las administraciones públicas que pueden utilizar esta cantidad ingente de datos para optimizar la toma de decisiones, ofrecer un mejor servicio, adaptarse más fácilmente a las necesidades de la ciudadanía o mejorar la eficiencia en la gestión de recursos.

Retos para la gobernanza de datos

La gobernanza de datos se ha convertido en una cuestión primordial y estratégica dentro de las organizaciones y de las administraciones públicas. Pero, ¿es posible que lleve los cambios pendientes que arrastran las administraciones públicas desde hace años? ¿Podemos esperar una administración más ágil y eficiente? ¿Es imaginable una administración que, a través de una gestión inteligente de los datos, anticipe y resuelva los problemas de la ciudadanía antes incluso de que surjan?

Son múltiples los retos que se derivan de estos interrogantes. Sin ánimo de exhaustividad, apuntaremos sólo cuatro:

Un primer reto es la calidad de los datos. Si tienen que servir para la toma de decisiones –o para la construcción de algoritmos que impulsen el salto hacia la inteligencia artificial–, es necesario que los datos sean tan fiables, precisos y exactos como sea posible. De poco servirán si contienen sesgos o esconden una falsa apariencia de objetividad. Por otra parte, hay que abrir también el punto de mira y preguntarse hasta qué punto se puede reducir la complejidad de los problemas que han de tratar las administraciones a lo que es inmediatamente cuantificable y si conviene incluir otros factores –quizás más cualitativos– en la ecuación.

Un segundo reto es la forma en que se gestionan los datos a lo largo de todo su ciclo vital. Hay que encontrar un equilibrio –no siempre fácil de conseguir– que garantice la explotación de los datos con la preservación de elementos valiosos como la seguridad o el derecho a la privacidad. Uno de los temores recurrentes que se suele citar es que la acumulación de datos derive hacia un sistema de control y vigilancia al estilo de las distopías de la ciencia ficción. ¿Qué límites, pesos y contrapesos son necesarios para evitarlo? ¿Qué mecanismos son necesarios para una gestión responsable de los datos? ¿Quién tiene la propiedad de éstos?

Un tercer reto hace referencia a la manera de organizarse. Más que la acumulación de grandes volúmenes de datos, la clave reside en la capacidad de traducir estos datos en información y conocimiento útil para la toma de decisiones o la consecución de determinados objetivos. Esto implica alinear elementos estratégicos, desde los procesos y estructuras organizativas hasta la creación de una cultura compartida de datos. Pero, ¿cómo encaja la orientación de una gestión basada en los datos con los sistemas organizativos actuales?, ¿es posible superar las rigideces burocráticas tradicionales de la administración?

Finalmente, un cuarto reto implica la relación entre ciudadanía y administración. A título ilustrativo, la última encuesta ómnibus del Centre d’Estudis d’Opinió (REO 978) mostraba que, en Cataluña, un 85% de los encuestados estaba de acuerdo con que la ciudadanía debe poder participar en el diseño de las políticas públicas. Sin embargo, sólo un 53% estaría dispuesto a ceder datos a la administración a través de dispositivos digitales u otras aplicaciones para facilitar el diseño de estas políticas. ¿Está dispuesta la ciudadanía a convertirse en meros «sensores» o proveedores de datos, o espera desempeñar otro tipo de papel?

En definitiva, la revolución de los datos, junto con la digitalización, genera enormes presiones y expectativas a la vez que abre múltiples interrogantes sobre las posibles transformaciones de las administraciones públicas. Todos estos retos, en el fondo, no sólo afectan a la cuestión de la gobernanza de datos, sino que plantean necesariamente un debate más extenso sobre el modelo de gobernanza pública que queremos.

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