Más allá de la sostenibilidad: el sector pesquero frente a los derechos humanos

Una indústria clave con retos invisibles

La pesca es una de las actividades económicas más antiguas de la humanidad y continúa siendo, en la actualidad, un pilar fundamental para la seguridad alimentaria y la economía global. En 2022, la producción combinada de pesca y acuicultura alcanzó un récord histórico de 223,2 millones de toneladas, con un valor estimado en 472000 millones de dólares estadounidenses¹. Este sector no solo provee cerca del 15 % de la proteína animal consumida a nivel mundial, sino que también genera empleo directo para más de 62 millones de personas en su fase primaria². Para numerosos países de bajos ingresos, la pesca representa una fuente crucial de recursos económicos y constituye el sustento vital de millones de personas, especialmente en comunidades costeras y rurales³.

Sin embargo, tras esta imagen de abundancia y tradición se esconde una realidad más compleja. La pesca, especialmente la que se desarrolla en condiciones de informalidad o en contextos de escasa regulación, es también escenario de graves vulneraciones a los derechos humanos: explotación laboral, trabajo infantil, trata de personas, violencia de género, y condiciones laborales peligrosas y precarias⁴. Lejos de ser situaciones aisladas, estas problemáticas revelan una dimensión invisible del sector, que figura entre las profesiones más peligrosas del mundo. Jornadas extenuantes, ausencia de contratos formales, falta de cobertura sanitaria y social, e incluso casos documentados de esclavitud moderna, afectan a millones de trabajadores de la pesca y la acuicultura, especialmente en países en desarrollo⁵.

Esta precariedad laboral adquiere características aún más manifiestas en el caso de las mujeres. Pese a ser actoras esenciales en la cadena de valor —especialmente en la transformación y comercialización del pescado—, suelen desempeñar funciones marcadas por la informalidad, la inestabilidad y la precariedad salarial⁶. En los casos en que se dispone de datos desglosados por sexo, se observa que aproximadamente el 24 % de la mano de obra total en el sector pesquero está conformada por mujeres, de las cuales apenas el 53 % trabaja a tiempo completo⁷. Esto refleja no solo la brecha en el acceso al empleo formal, sino también la persistencia de barreras que limitan su participación plena y equitativa en la actividad pesquera.

Esta misma vulnerabilidad laboral se extiende a otros grupos especialmente expuestos, como los niños y niñas que trabajan en el sector. Cabe señalar que la edad de contratación puede situarse fuera del marco legal, ya que el trabajo infantil sigue siendo un problema relevante en numerosas pesquerías, particularmente aquellas de pequeña escala y en contextos informales. Diversos estudios han documentado la presencia de trabajo infantil peligroso y situaciones de trata de menores, como en el caso del lago Volta en Ghana, donde los niños son reclutados para realizar tareas extenuantes en condiciones riesgosas y sin protección adecuada⁸. Además, investigaciones recientes advierten que el enfoque predominante en la pesca industrial y en la etapa de captura ha pasado por alto los abusos laborales que afectan especialmente a mujeres y niños en otras fases de la cadena de valor, como el procesamiento, donde también se han identificado casos de explotación infantil⁹.

La brecha entre normas y realidad

Frente a esta realidad, resulta evidente que los compromisos asumidos por la comunidad internacional en materia de sostenibilidad no siempre se traducen en una protección efectiva de los derechos humanos. A pesar de los avances normativos alcanzados tanto a nivel nacional como internacional para promover la sostenibilidad en el sector pesquero, la protección humanitaria en este ámbito continúa siendo, en muchos contextos, insuficiente o de aplicación limitada. Esta situación es particularmente preocupante si se considera que la misma industria que ofrece oportunidades económicas y alimentarias a millones de personas en comunidades costeras, puede, simultáneamente, convertirse en un espacio de vulneración sistemática de derechos, especialmente para mujeres, niños, trabajadores migrantes y pequeños pescadores artesanales¹⁰.

Los desafíos estructurales que enfrenta la pesca en materia de derechos humanos y trabajo digno demandan una respuesta coordinada por parte de la comunidad internacional. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ha subrayado que la protección social constituye uno de los instrumentos más eficaces para promover condiciones laborales justas, salvaguardar los medios de vida de las comunidades dependientes de la pesca y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en el sector¹¹.

En sintonía con este enfoque, el marco jurídico internacional aplicable a la pesca ha evolucionado para incorporar una serie de instrumentos que abordan tanto los derechos humanos como las condiciones laborales de quienes trabajan en la actividad pesquera. Entre los más relevantes se encuentra el Convenio sobre el Trabajo en la Pesca (número 188) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 2007, que establece normas mínimas en materia de seguridad, salud, condiciones de vida y laborales a bordo, repatriación y remuneración. A este se suman otros instrumentos normativos de alcance complementario, como el Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995), los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 2011), y las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala (FAO, 2015). En conjunto, estos marcos ofrecen una base normativa sólida para avanzar hacia un modelo de pesca más inclusivo, justo y respetuoso de los derechos fundamentales.

No obstante, contar con un marco normativo robusto no garantiza por sí solo su implementación efectiva. La diversidad, fragmentación y complejidad de estos instrumentos han dificultado su aplicación efectiva, especialmente para los actores más pequeños o informales del sector. Ante este reto, en 2017 los Estados miembros de la FAO otorgaron a la organización un mandato específico para abordar de manera más directa cuestiones vinculadas a los derechos laborales, el trabajo decente y la protección social en la pesca y la acuicultura. Desde entonces, la FAO ha desarrollado documentos de orientación sobre responsabilidad social en las cadenas de valor de la pesca, mediante un enfoque participativo que incluye a gobiernos, industrias, sindicatos, ONGs, organismos de Naciones Unidas y el mundo académico¹².

Una mirada académica

Sin embargo, más allá de los esfuerzos institucionales y técnicos, es necesario un replanteamiento profundo de los marcos de gobernanza que estructuran el sector. Tal como ha señalado recientemente el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Estados deben “gobernar el sector pesquero aplicando enfoques basados en los derechos humanos, en lugar de regímenes basados en los derechos de propiedad privada”¹³.  En el ámbito pesquero, esto implica garantizar la participación efectiva de las comunidades locales en las decisiones que las afectan, proteger sus medios de vida tradicionales, y asegurar condiciones laborales dignas para todas las personas involucradas en la cadena de valor.

Esta visión, que vincula la sostenibilidad con la justicia social y los derechos humanos, también atraviesa el ámbito académico, donde se generan herramientas conceptuales y prácticas para afrontar estos desafíos desde una perspectiva crítica. Desde el Máster Universitario Online de Derechos Humanos y Globalización de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), entendemos que los retos globales —como los que atraviesan el sector pesquero— exigen respuestas interdisciplinares e integrales. Por ello, promovemos un espacio de aprendizaje y análisis crítico orientado a explorar las interrelaciones entre los derechos humanos, el desarrollo sostenible y las dinámicas del poder económico y político en el contexto global. A través de este enfoque, buscamos formar profesionales capaces de incidir, desde diversos ámbitos, en la construcción de sociedades más justas, equitativas y sostenibles.

1. FAO, El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2024. La transformación azul en acción (Roma, 2024), p. vii. Disponible en <https://doi.org/10.4060/cd0683es> ↩︎
2. Ibíd., p. viii. ↩︎
3. Banco Mundial, Hidden Harvest. The Global Contribution of Capture Fisheries (Washington DC, 2012), p. 21. Disponible en <http://documents.worldbank.org/curated/en/515701468152718292> ↩︎
4. Véase: FAO, Tackling child labour in fisheries and aquaculture. Background paper (Roma, 2021). Disponible en <https://doi.org/10.4060/cb7159en> ↩︎
5. FAO y OIT, Guidance on addressing child labour in fisheries and aquaculture (Roma, 2013), pp. 8 y 9. Disponible en <https://www.fao.org/4/i3318e/i3318e.pdf> ↩︎
6. FAO, El estado mundial de la pesca… op. cit., p. 183. ↩︎
7. Ibíd., p. viii. ↩︎
8. Véase: Hamenoo, Emma;  Sottie, Cynthia, “Stories from Lake Volta: the lived experiences of trafficked children in Ghana”, en Child Abuse Neglect, vol. 40 (2015) 103–112, disponible en <https://doi. org/10.1016/j.chiabu.2014.06.007>; Agbenya, Lilian, Child labour trafficking in the Lake Volta fishery of Ghana A case study of Ogetse in the Krachi west district of the Volta region (Tesis de Máster), Universidad de Tromsø (2009). ↩︎
9. Véase: García Lozano, Alejandro et al., “Decent work in fisheries: Current trends and key considerations for future research and policy”, en Marina Policy, vol. 136 (2022), disponible en <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104922 ↩︎
10. Ibíd., p. 2. ↩︎
11. FAO, El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Hacia la transformación azul. (Roma, 2022), p. 146, disponible en <https://doi.org/10.4060/cc0461es>. ↩︎
12. Véase: FAO, Social Sustainability in Fisheries Value Chains and the Link to Trade, FIAM/R1216 (Tri) Busán (República de Corea), 4-8 de septiembre de 2017. Disponible en <https://www.fao.org/3/i8157t/i8157t.pdf#page=16> ↩︎
13. AGNU, La pesca y el derecho a la alimentación en el contexto del cambio climático Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, A/HRC/55/49 (2024), p. 23. Disponible en <https://docs.un.org/es/A/HRC/55/49> ↩︎