El mantenimiento de la actividad empresarial y la Ley Crea y Crece

En los últimos años, el sector empresarial, eje fundamental en el desarrollo y crecimiento económico, ha sufrido importantes transformaciones debidas, entre otros factores, además de la crisis económica, al auge e implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, la globalización y la alta competitividad. Como señala la OCDE en su Informe The Next Production Revolution. Implications for Governments and Business, de 2017, nos hallamos, en la actualidad, ante una cuarta revolución industrial, con unos cambios a los que las empresas deben estar preparadas para hacer frente y poder subsistir. Y, en esta misma línea, en el The Future of Jobs Report 2018 del World Economic Forum, se resalta que la cuarta revolución industrial, en su interacción con diversos factores socioeconómicos y demográficos, está generando una tormenta perfecta en relación con el cambio de modelo empresarial en todas las industrias, afectando a los mercados laborales.

Ello requiere de medidas legales y, en especial, fiscales, que permitan a las empresas adaptarse a este nuevo entorno en aras a garantizar su mantenimiento en el mercado. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no todas las empresas son iguales o se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que las medidas legales y fiscales o de tipo empresarial para su mantenimiento deben tener en cuenta todos estos aspectos para lograr realmente su efectividad: tamaño, grado de innovación, grado de internacionalización y grado de competitividad.

Precisamente, la Unión Europea ha puesto en marcha los planes Next Generation EU para dotar a los Estados miembros de fondos para apoyar la recuperación económica y, a nivel nacional, en España se ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este contexto, nace la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de Creación y Crecimiento de empresas, denominada coloquialmente como la Ley Crea y Crece.

Dicha norma, que pretende impulsar el emprendimiento como factor clave para aumentar el crecimiento de nuestro país, responde a dos objetivos principales. En primer lugar, facilitar e impulsar la creación de nuevas empresas de forma rápida y telemática, en especial en el caso de las PYME, reduciendo el coste económico y simplificando los trámites de constitución. En este punto, cabe destacar la reducción de 3.000 euros a 1 euro del capital social necesario para constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Y, en segundo lugar, minorar las trabas de todo tipo a las que se enfrentan las empresas en su crecimiento.

Para ello, se ha extendido la obligación de expedir y emitir facturas electrónicas en todas las operaciones entre empresarios (empresas y autónomos), al objeto de digitalizar las relaciones empresariales y abaratar los costes de transacción, facilitando al mismo tiempo la transparencia en el tráfico mercantil para obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago a los efectos de poder reducir la morosidad comercial. Ahora bien, dicha obligación no será exigible hasta la aprobación de un reglamento de desarrollo en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la citada Ley. Además, esta obligación de facturación electrónica será de aplicación paulatina en función del volumen anual de facturación de las empresas y empresarios (inferior o superior a 8 millones de euros).

Habrá que esperar un tiempo para ver si realmente las previsiones de la Ley Crea y Crece son efectivas y contribuyen a un mayor crecimiento empresarial y generan un entorno favorable al mantenimiento de la actividad empresarial.