Derecho y política en las ciudades contemporáneas

El análisis de las ciudades contemporáneas hoy requiere una investigación sobre el actual contexto del paradigma capitalista-neoliberal en curso, describiendo adecuadamente la realidad e historiando los hechos como memoria afirmativa que desafía la manutención de un status quo.

Tanto el Urbanismo cuanto el Derecho como ciencias se han caracterizado muchas veces como a-históricas y en cuanto técnica, aparecen de forma fragmentada y desarticulada de la realidad, no logrando responder adecuadamente a las demandas de la sociedad contemporánea que reconoce los conflictos como colectivos, plurales, difusos e imprevisibles.

Si las ciudades terminan por revelar de forma plena toda la lógica del capital, hay que construir alternativas, puesto que la racionalidad del proyecto neoliberal transforma todas las esferas de la vida, especialmente en las dimensiones social e intercultural, poniendo en riesgo el imaginario democrático ya construido. Esta transformación a través de una lógica normativa universal de supremacía económica (DARDOT, LAVAL, 2013), viene anulando la actividad política.

Esta coyuntura adquiere su recorrido vital a partir del momento en que las ciudades se convierten en objeto de transformación, traduciéndose en un modus operandi de pretendida flexibilización de la legislación urbana que repercute de modo central en la dinámica global del capital, a partir de la valoración del sector inmobiliario y en el uso del suelo.

La ciudad contemporánea no es participativa ni inclusiva

En este contexto, las políticas públicas urbanas cristalizan condiciones en la ciudad estandarizada, es decir, aquella en que la gestión pública opta por el pacto/negociación directa con la iniciativa privada en contra de un proceso político de participación popular y sus posibles intereses.

Esta opción prioriza la uniformización de las relaciones según la lógica del mercado, perjudicando las relaciones de confianza –reconocidas en el principio de la buena fe y de la confianza legítima–, además de potenciar una gestión que no admite el diálogo.

A modo de contextualización, se puede hacer una analogía con la figura jurídica de los contratos de adhesión (FAUTH, 2018, p. 62), los contratos de contratación de telefonía celular, internet… La ciudadanía simplemente adhiere a un proyecto (urbano/social) del cual es parte, pero que, efectivamente, no participó, ocasionando en espacios sociales que no posibilitan la participación.

En esta ciudad estandarizada cohabitan sociedad de consumo y sociedad de mercado, caracterizando la ciudad contemporánea, basada en patrones que uniformizan incluso las relaciones sociales.

Por tanto, la legitimación de un poder hegemónico de regulación de los mercados incide directamente en la producción del espacio urbano y sus desdoblamientos.

La reducción de la ciudadanía a copartícipe en los proyectos urbanos no es la única consecuencia, ya que, simultáneamente, prevalece la reducción del Estado ante el mercado.

En este sentido, el proceso de neoliberalización a partir de medidas de austeridad, incurren directamente en el retroceso de políticas públicas inclusivas y plurales, poniendo en riesgo no solo la democracia como garantía de derechos, sino, quizás como un proceso de “desdemocratización” que, en el campo del Derecho, repercuten en un proceso continuo de ampliación de las desigualdades y del agravamiento de las vulnerabilidades.

¿Cómo afrontar este contexto?

Según planteó el geógrafo Milton Santos a finales del siglo XX, es posible una “otra globalización”, a partir de proyectos capaces de redimensionar el objeto mercado para el objeto humano, recuperando el carácter legitimador de la política, otrora anulada por la supremacía económica y la racionalidad mercadológica del capitalismo.  

Se trata, en parte, de recuperar la dimensión política no solo de los derechos, sino de la garantía de la democracia y del ‘derecho’ a ‘tener derechos’, abriendo espacios para proyectos emancipadores.

Estos proyectos emancipadores pueden surgir de prácticas sociales instituyentes, como manifestaciones que se materializan en normativas no estatales y asociadas al derecho a la ciudad priorizan la tutela de los derechos difusos y colectivos. La búsqueda de ciudades plurales, justas y democráticas, aunque pueda parecer utópico, alberga, por lo menos, la posibilidad del diálogo.

Los debates en torno al derecho a la ciudad son constantes y crecientes, incluso, apropiaciones despolitizadas sobre el concepto igualmente permean el discurso. En este sentido, es posible afirmar que el derecho a la ciudad no se traduce en una práctica que legitima la producción normativa en escala estatal. Es, más bien, una práctica social que aspira combatir las pretensiones de la lógica contemporánea de la estandarización, bajo dominio de una globalización que mercantiliza su propia gente y gentrifica barrios tradicionales y centrales en las ciudades contemporáneas.

El derecho a la ciudad, más allá de un derecho determinado, es una praxis capaz de redefinir democráticamente las relaciones y los espacios urbanos, recuperando de alguna forma la dimensión política y democrática como deliberación social.

El reconocimiento de las arenas colectivas y de la reivindicación por demandas sociales representan la retomada de la democracia y del lugar del político en las luchas urbanas.

Referencias:

FAUTH, Gabriela, “Novas vulnerabilidades e direito à cidade no contexto das cidades standard: o caso referência Barcelona”, CAVALLAZZI, R. L.; FAUTH, G., Cidade standard e novas vulnerabilidades, Coleção Direito e Urbanismo, vol. 4, Rio de Janeiro: PROURB, 2018.   

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian, La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad, Barcelona: Gedisa, 2013.

SANTOS, Milton, Por otra globalización. Del pensamiento único a la conciencia universal, Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2004.